Hay que volver a concebir la tarea del parlamentario como la de un servidor del Estado, y no miembro de una “casta”El tema nos interesa a todos por las recaídas que tiene sobre la vida política y social del país. Intervengo, por eso, sobre ello, no porque tenga competencias específicas en la materia, sino por la cercanía que el servicio pastoral me consiente de tener con la gente y por la posibilidad consecuente de ofrecer respuestas medianamente confiables a cuestiones como esta: ¿qué se espera el ciudadano común de la futura reglamentación de la elección de sus representantes y de un posible, nuevo equilibrio institucional del Estado?
La escucha de muchas realidades, comenzando por familias y trabajadores, por jóvenes y ancianos, hasta empresas, organismos institucionales y asociaciones, me permite decir que – a parte de la necesidad de estabilidad, desafortunadamente siempre sujeto a posibles “cambios de chaqueta” – las tres reservas más legítimas difundidas según yo son: la primera es que le nueva ley electoral asegure una representación efectiva en el Parlamento de las instancias del territorio y de los problemas reales de la gente; la segunda es que los costes de la política – pagados por todos – sean fuertemente redimensionados, gracias a una operación análoga a aquello que en las familias quiere decir “apretarse el cinturón” frente a los problemas puestos por la crisis en acto; la tercera es que quien se mete en política, como candidato a representar al pueblo, tenga una elevada tensión moral y entienda por eso servir al bien común y no servirse de los privilegios de la “casta”.
Alrededor de la primera reserva, he podido constatar muchas veces cómo la mayoría no sabe responder a la pregunta sobre quién podría ser el parlamentario que lo represente: es como si el ciudadano común sintiera que no tiene voz en el capitolio: peor aún, es como si la mayoría de la gente no tuviera ninguna confianza en que los propios problemas y los de la colectividad territorial interesaran verdaderamente a alguno de los “poderosos”. La así llamada Primera República pecaba, ciertamente, de clientelismo y de desigualdad vinculadas al mayor o menor influjo del político local sobre las decisiones a tomar a nivel nacional: la gente, sin embargo, tenía la impresión basada en que había alguien comprometido en resolver sus problemas o, por lo menos, aquellos de gran tajada en la sociedad.
En los últimos años este cordón umbilical entre el ciudadano y sus representantes se ha roto: desde el momento que los parlamentarios son, de hecho, “nombrados” por los partidos, gracias al sistema de las listas bloqueadas y a la ausencia de las preferencias, los efectos resultan, por lo menos, extraños y lejanos respecto al territorio de quien debería tener voz.
La solución está, antes que nada, en el consentir un mayor conocimiento de los candidatos por parte de los electores, mediante listas más cortas y colegios más chicos. El ejercicio democrático de la elección preferencial de un candidato respecto a otros, aun teniendo la desventaja de favorecer posibles relaciones clientelares entre electores y electos, parece una facultad que no podrá ser negada a un buen mercado. ¿Quién se oponga a las preferencias o consienta que eso suceda deberá darse cuenta del por qué de una posición similar, que privilegia las oligarquías de los partidos y debilita el sentido de participación activa de los ciudadanos en la elección de los propios representantes y del futuro común.
La segunda reserva que percibo entre la gente está relacionada con la drástica reducción de los costos de la política: ésta podrá ser satisfecha, sobretodo, mediante la disminución del número de los parlamentarios. En el estado actual el país está gobernado por una plétora de representantes, articulados en un sistema bicameral perfecto que en realidad es, a menudo, la base de la lentitud a veces exasperante de los procesos de aprobación de las leyes. Transformar el Senado en una estructura de representación de los organismos regionales y locales derribando los costes y modificando, como consecuencia, las competencias es un paso que podrá resultar positivo.
Si la más grande potencia económico-política mundial está gobernada – como son los Estados Unidos de América – por un número de parlamentarios que en total es poco más de la mitad de los nuestros, no se entiende por qué esto no pueda suceder también con nosotros. Con la reforma institucional, sin embargo, es necesario también un reordenamiento de los costes, la abolición de los privilegios que hacen hablar de una verdadera y propia “casta”, un plan de los vitalicios y de todas las demás formas de ventajas, que vuelven la mesa parlamentaria un ámbito, garante de la tranquilidad económica del electo a tiempo indeterminado.
Volver a concebir la tarea del parlamentario como la de un servidor del Estado deberá significar igualarlo a un tipo de trabajo de responsabilidad, a ejercitar con fidelidad y profesionalidad, con una compensación y con garantías no diversas de aquellas de la mayor parte de quien se gana la vida con sacrificio y generosidad, asumiéndose responsabilidades no menos significativas.
Esta última reflexión nos lleva a la tercera reserva difundida entre la gente, aquella relativa a la calidad ética de quien se mete en política. Sobre este punto no hay ley que tenga: como demuestran tantos escándalos de vez en cuando emergentes, la actual implantación legislativa e institucional no logra liberar a los ciudadanos de ilícitos perpetrados tras la fachada de la más odiosa respetabilidad.
La acumulación de encargos súper retribuidos, con evidente imposibilidad de obedecer los deberes impuestos por cada uno de ellos, es un escándalo que requiere un reordenamiento urgente y sanciones oportunas, donde fueran comprobados ilícitos u omisiones. Si no hay una fuerte y convencida tensión moral, nutrida por la responsabilidad hacia el bien común y de conciencia educada al sacrificio por amor del prójimo, si no se volve a concebir la política como forma alta de la caridad y de la vida vivida como servicio, de poco valdrán nuevos mecanismos electorales o reformas estructurales de la implantación institucional.
Me atrevo aquí a desear a quien quisiera comprometerse en el campo político estar ampliamente en una exigente disciplina moral y en una fuerte tensión espiritual. Existe un Salmo que dice: “Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los constructores. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano vigila el centinela” (127, 1). Con imágenes vivas y concretas, esta palabra del Gran Código, que es la Biblia nos recuerda la urgencia de verificar continuamente nuestras acciones sobre una medida alta y definitiva, que está unida al fundamento trascendente de la vida y de la historia. El Salmo sugiere, al mismo tiempo, no presumir sólo de las fuerzas humanas, invitando implícitamente a la humildad y al invocación.
No será entonces inoportuno recordar que la nueva generación de políticos que el país necesita deberá conjugar estas tres realidades: continuo compromiso de discernimiento moral, humildad al ponerse en juego y disponibilidad interior a un juicio más alto, a un amor más grande. Desearlo parecerá para algunos un sueño con los ojos abiertos, pero es también el mejor deseo que se pueda tener al destino común de todos.
