Desplazados de la comunidad de Shulvó (Zinacantán) piden poder volver a su tierraLa visita del Papa Francisco ha generado toda suerte de expectativas. En las diócesis de San Cristóbal y en la Arquidiócesis de Tuxtla, que visita este día; igualmente en Tapachula, aunque no pondrá pie en ella. Igualmente para los gobernantes: esperan que la visita de tan distinguido huésped atempere los muchos y diversos conflictos que se han venido acumulando en los últimos años.
La visita pastoral y los ojos puestos de todo el mundo sobre este estado han sido bien aprovechado por algunos grupos para hacer oír su voz en reclamo de justicia. Apenas hace dos días un grupo de desplazados de la comunidad de Shulvó, del Municipio Autónomo Vicente Guerrero –Zinacantán– adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), deshicieron el plantón que mantenían desde el 3 de febrero en la Plaza de la Paz, enfrente a Catedral, luego de llegar acuerdos con funcionarios del Gobierno estatal, pero “ en medio de un constante acoso policiaco y militar”, como han denunciado los mismos desplazados.
Las negociaciones se dieron entre una comisión del Gobierno del estado y una comisión de los desplazados y donde el sacerdote Gustavo Ituarte Verdugo, por parte de la Diócesis de San Cristóbal, fungió como mediador y testigo. Ahí se les planteó a los afectados la reubicación del plantón, por la coyuntura papal.
Shulvó, desplazamiento sin retorno a la vista
Los desplazados de la comunidad Shulvó señalaron que el Gobierno se comprometió a llevar a cabo una reunión en la comunidad del conflicto, el próximo 28 de febrero para buscar la reconciliación entre los grupos en pugna, y a su vez les permitan el retorno de las familias. Se convino que tanto el padre Ituarte Verdugo y representantes de organismos de los derechos humanos puedan dar fe de lo que acontezca.
El 9 de diciembre de 2015, a través de grupos de choque de corte paramilitar hostigan, intimidad y han desalojado a 9 familias con un total de 47 integrantes. Desde ese entonces los desplazados de manera forzada se encuentran en San Cristóbal “bajo condiciones inhumanas, sin empleo y atenciones médicas”, el resto se ha refugiado en la comunidad con algunos familiares pero “en constantes amenazas y vigilancia de los priistas (miembros de un partido político), sin la posibilidad de acceder a ningún servicio como los molinos para preparar sus alimentos, sin agua y sin energía eléctrica. Cualquier ayuda desde la misma comunidad es vista como complicidad y motivo de hostigamiento y amenazas”.
