Obispos argentinos se pronuncian contra el “aislamiento total” en las cárceles y los presos sin condena Ante la multiplicación de los hechos delictivos aseguran que es necesario un “cambio de mentalidad” en favor de las personas privadas de libertad. No alcanza “simplemente con penas más duras y más cárceles”.
Lo afirma la Conferencia Episcopal Argentina en un reciente documento para la reflexión y el trabajo sobre la realidad carcelaria en la Argentina, titulado Estuve preso y me viniste a visitar (cf. Mt. 25,36).
Por sus fuentes y propuestas, bien puede ser de trabajo para el abordaje de la delicada cuestión en otros países de Latinoamérica, cuyas cárceles suponen un auténtico reto a la humanidad.
“Pensamos que el camino es otro: concretar y profundizar más políticas de inclusión que, buscando el bien común, ofrezcan igualdad de oportunidades a todos los miembros de la sociedad, para su justo y debido desarrollo integral”, consideran.
“Nadie por haber delinquido, pierde su condición de persona, de Hijo de Dios y de miembro de la familia humana. Por lo tanto debe ser tratado como tal”, advierten los obispos.
En esa línea indican que el respeto a la dignidad humana “no solo debe actuar como límite de arbitrariedades y excesos, sino como criterio de ordenación de todas las acciones y estructuras”.
“Nunca se debe subordinar el respeto de la dignidad de la persona a ninguna otra finalidad como, por ejemplo, la correctiva o la restauradora del daño producido”, prosiguen.
En uno de los párrafos alarmantes, los obispos denuncian que parte de los recursos del Estado para satisfacer las necesidades básicas, desde la alimentación y la salud hasta la recreación y la religiosidad, “se desvían con actos corruptos y no llegan a los presos”.
Asimismo, se manifiestan en contra de los casos de completa imposibilidad de comunicarse y la falta de contacto con seres queridos, “que provocan sufrimientos físicos y psíquicos muy graves que aumentan la tendencia al suicido”.
Los obispos consideran inadmisibles las “celdas de aislamiento total”, y cuestionan los frecuentes “tratos inhumanos” y las “humillaciones” a las que se someten a las familias para visitar a sus presos.
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En otro duro apartado, advierten sobre la ilegalidad de los presos sin condena, con personas que “encarceladas por la sospecha más o menos fundada de un delito cometido, y luego por la lentitud de la justicia u otros intereses, como el encubrimiento de los responsables de graves hechos de corrupción, o simplemente porque son pobres, pasan largo tiempo detenidos sin condena”.
La completa reflexión contempla también las necesidades de los recluidos con enfermedades terminales, embarazadas, adultos, e incluso personas con problemas de drogadicción.
Y se detiene a pedir por una “política coherente de recursos humanos” para el personal penitenciario, que contemple tanto salario digno, vivienda y formación como también formación ética y apoyo psicológico y espiritual, entre otros.
El documento concluye invitando a toda comunidad cristiana a estar “cerca de las familias de los detenidos, saliendo al encuentro de sus necesidades y ‘contagiándoles’ la alegría de la Fe”.
Incluso insta a quienes puedan ofrecer fuentes laborales a los que vuelven a la libertad, y a concretar la presencia de la Iglesia en los centros de detención con propuestas de asistencia, promoción humana y anuncio misionero.
