El proyecto de ley no contempla la gratuidad universal de la educación superior El proyecto de ley sobre la reforma de la educación pública superior en Chile ingresó al Parlamento, aunque no exenta de polémicas. Una de las principales expectativas sobre este proyecto tenía que ver con la “gratuidad”, que finalmente no será universal y que regirá a partir del año 2018 y solo para el 60% más vulnerable de la población, indica la agencia ANSA.
Los principales lineamientos del proyecto fueron anunciados a través de una cadena nacional por la propia presidenta de Chile, Michelle Bachelet.
“Hay que reconocer que este sistema tiene limitaciones, genera profundas discriminaciones, su desarrollo ha topado techo y exige cambios (…) Las instituciones de buen nivel no están al alcance de todos y muchos establecimientos no se preocupan de dar educación de excelencia”, indicó la primera mandataria durante la cadena.
Precisamente, la presidenta expresó que “la gratuidad llegó para quedarse”, aunque será un tema que se irá concretando gradualmente, y esto fue motivo de críticas.
Uno de los artículos del texto señala lo siguiente: “Desde el año 2018, las instituciones de educación superior deberán otorgar estudios gratuitos a sus estudiantes, siempre que dichos estudiantes provengan de los hogares pertenecientes a los seis primeros deciles de menores ingresos de la población del país”.
Esta reforma contempla también la creación de una Subsecretaría de Educación Superior, un Consejo para la Calidad de la Educación y una Superintendencia de Educación Superior.
Del proyecto también se desprende que las universidades estatales tendrán un trato especial con un financiamiento exclusivo, además de que habrá un fondo especial para la investigación, indica el portal La Jornada.
Por otro lado, se prevé instaurar mejoras al sistema de admisión por lo que se revisará el sistema de Prueba de Selección Universitaria (PSU).
Sin embargo, las propias autoridades de la educación chilena reconocieron que este proyecto no deja “contentos a todos”. Entre ellos a rectores de universidades–públicos y privados-, además de estudiantes universitarios, secundarios y políticos principalmente de la oposición.
Disturbios estudiantiles
Una vez que el proyecto ingresó al Parlamento rápidamente los estudiantes, a través de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), salieron a protestar a las calles con marchas debido al descontento, entre otras cosas, porque no se contempla la gratuidad universal.
La Policía chilena reprimió la marcha con gases lacrimógenos, camiones blindados con lanza-aguas e impidieron que los estudiantes le dejaran una carta en el Ministerio de Educación, especifica ANSA.
Según la Conefech, el proyecto enviado al Parlamento no ahonda en cómo se fortalecerá la educación pública ni la regulación vinculada a los privados, algo que, entienden ellos, no termina con la idea de una educación utilizada como un bien de mercado.
Pero no solo los estudiantes expresaron su desacuerdo. Los rectores de las universidades indicaron que fueron escuchados pero no tenidos en cuenta. Por otro lado, desde la oposición se acusó al gobierno de mentirle a la gente. “Se trata de un proyecto absolutamente irresponsable y mentiroso. La gente tiene que saber que aquí simplemente no va a haber gratuidad asegurada, sino que simplemente se le entrega el problema a gobiernos futuros”, aseguró el presidente de Renovación Nacional y vocero de la oposición, Cristián Monckeberg en declaraciones reproducidas por ANSA.
En Chile la educación universitaria es privada en base a una resolución de la época de la dictadura (1973-1990) que provocó el desmantelamiento de la Universidad de Chile y el auge de otros centros de educación superior privados, con matrículas en algunos casos muy altas para familias de determinadas condiciones sociales. Es por ello que tener una educación gratuita se ha transformado en una de las grandes banderas de los estudiantes en Chile.
