El “Arco Minero” “liquidaría” una amplia zona de Guayana, Amazonas y el Delta del Orinoco, afectando poblaciones indígenas del sur de Venezuela“Como país nosotros necesitamos inversiones rentables, ecológicamente sustentables, como lo están planteando diversos países del mundo, incluso, como lo ha manifestado el Papa Francisco en su Encíclica Laudato Si: Sobre el cuidado de la casa común. Pero el mal llamado ‘Arco minero’ es la implementación de un crimen ecológico gigantesco, de un crimen de Estado que se está perpetrando en Venezuela”.
De esta manera lo denunció el ecologista venezolano Alexander Luzardo, durante una conferencia este lunes en Caracas, en la que abordó las consecuencias de la explotación del “Arco Minero”, decretado de manera extraordinaria por Nicolás Maduro.
“El decreto sobre la explotación del ‘arco minero’ constituye un gigantesco crimen ecológico, que significaría la liquidación de Guayana, Amazonas y el Delta”, aseguró.
El “Arco Minero” es un decreto emitido por el presidente Nicolás Maduro, el cual pretende destinar el 12 por ciento del territorio nacional a la actividad minera, o sea, 12 millones de hectáreas, extensión comparable con Cuba”, incluso, “más grande que Panamá y varios países europeos”, dijo durante la exposición.
“Es una actividad que se desarrollará al sur del Orinoco, en una zona ecológica extremadamente frágil, y donde se encuentran las últimas reservas de agua dulce no contaminada del país”, expuso.
Entre las reservas que se verían afectadas está Imataca, que tiene 3 millones 800 mil hectáreas; y de sus bosques depende en gran parte el equilibrio ecológico del sur del país, indicó el experto. “Igualmente sería afectada la reserva forestal del Caura, con más de 5 millones de hectáreas, decretada como Reserva Forestal en 1961”, aseguró.
Además, serían afectados el monumento natural Wanai, que es un Tepuy decretado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, y que pertenece al conjunto de tepuyes ubicados entre los estados Amazonas y Bolívar; y la cuenca del Caroní, que surte de hidroelectricidad a más del 65 por ciento del territorio nacional.
“Estamos hablando de biodiversidad, riqueza biológica, del agua, que es un bien insustituible protegido por la Constitución Nacional en su artículo 304 donde se establece que todas las aguas son del dominio público insustituibles para la vida y el desarrollo”, expuso en su ponencia.
Denunció que afectar la Cuenca del Caroní, “equivale a aproximadamente 500 mil barriles diarios de petróleo, hablando en términos comparativos de la energía fósil, pero en este caso es energía limpia, y esa cuenca es bendita, sagrada para Venezuela”.
“La contaminación con mercurio y otros agentes, ocasionarían daños irreversibles, que producirían el envenenamiento de las aguas y los suelos de esa zona tan frágil; conllevando afectación a los pueblos indígenas y locales del sur de Venezuela”, dijo.
Como punto culminante, Luzardo, solicitó la derogación del decreto, tal como lo hizo la Asamblea Nacional el 14 de junio pasado cuando tomó la decisión de desconocerlo y declarar su nulidad, porque afecta las últimas reservas de agua limpia no contaminada del país, lo cual es mucho más valioso que cualquier otro recurso.
Luzardo fue senador del anterior Congreso de la República, expresidente de la comisión de ambiente, autor de las Normas Ambientales de la Constitución Nacional y es profesor titular de la Universidad Central de Venezuela en derecho ambiental y desarrollo sustentable.
