Se ha declarado “Ciudad Santuario” en defensa de sus ciudadanos que pudieran ser deportados por su carácter de “ilegales”
La ciudad de Santa Ana, California, se ha convertido en el buque insignia de la reacción que comienza a ser en cadena entre muchas otras ciudades de Estados Unidos ante la inminente toma de posesión del presidente electo Donald Trump el próximo 20 de enero de 2017.
Funcionarios públicos tanto como el Consejo de la localidad californiana han abierto sus puertas a todos los inmigrantes sin documentos que en ella busquen refugio, al tiempo que se ha declarado “Ciudad Santuario” en defensa de sus ciudadanos que pudieran ser deportados por su carácter de “ilegales”.
Los cinco miembros del Consejo de Santa Ana votaron a favor de la iniciativa de declarase “Ciudad Santuario” con lo que pretenden hacerle frente a la política anti inmigrantes establecida por el presidente electo Donald Trump durante su campaña electoral y ratificada estos días en su gira por diversos estados de la Unión Americana en lo que se ha denominado “el rally de la victoria”.
Santa Ana es la segunda ciudad más grande del condado de Orange, con cerca de 350,000 habitantes. De los 45.6 por ciento son personas nacidas fuera de Estados Unidos. Y de ellas, 83 por ciento provienen de América Latina. Y algo más: 78 por ciento de sus residentes se identifican a sí mismos como hispanos.
Se las verán con la gente
Uno de los concejales, Sal Tinajero, dijo al periódico La Opinión que si los agentes de la Oficina de Aduanas y Migración (ICE, por sus siglas en inglés) “quieren venir por nuestros inmigrantes, tendrán que enfrentarse primero con nosotros”. Ciertamente, la votación no crea un estatuto nuevo, sino que mantiene la propuesta de “Ciudad Santuario” aunque ahora en un claro desafío al ICE y a Trump. Y a partir del 20 de enero de 2017, la resolución se convertirá en ordenanza.
Tradicionalmente, cuando una ciudad se convierte en “Ciudad Santuario” crea o refuerza políticas para proteger la identidad de los inmigrantes indocumentados; prohibe el uso de recursos públicos locales para aplicar las leyes de inmigración; busca la discreción máxima y el respeto de la policía en favor de los inmigrantes, protege información de éstos y capacita a empleados públicos para darles la atención que su dignidad y sus derechos requieren.
Quizá no sea una actitud que se lleve a cabo en todas las ciudades de California, pero Santa Ana ha comenzado a provocar una nueva posibilidad de defensa ciudadana ante la política del presidente electo de Estados Unidos.
