El gobernador de Antioquia (Colombia) se comprometió a resguardar los derechos de los pueblos originariosLas constantes detonaciones, presumiblemente de dinamita, fueron las que generaron la movilización de un grupo de representantes del pueblo originario Gundule, en el municipio Necoclí, departamento de Antioquia (Colombia), hacia el despacho del gobernador Luis Pérez Gutiérrez.
Los indígenas acudieron a la sede secundados por miembros de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), institución que luego brindó detalles del encuentro.
Esta instancia fue necesaria para expresar de primera mano la preocupación existente acerca de los efectos tanto sociales, así como medio ambientales de la explotación minera en la zona, la subregión de Urabá.
Al parecer, esas explotaciones tienen relación directa con esta actividad y es por ello que durante la reunión le solicitaron al gobernador la revisión de las licencias y concesiones cercanas a sus comunidades.
Principalmente, el objetivo es evaluar de parte tanto de la gobernación como de la Secretaría de Minas, de los permisos ambientales brindaros a la firma Continental de Carbones S.A.
Al mismo tiempo, realizaron algunas denuncias. “A pesar de las múltiples afectaciones medio ambientales y sociales que ocasionaría la minería en el resguardo y comunidades, no se ha hecho el proceso de Consulta Previa, Libre e Informada como lo establece la ley, por lo que el proyecto debería ser suspendido o revocada la licencia de ser el caso”, se expresó desde la OIA.
El gobernador inmediatamente se puso a disposición de los indígenas en cuanto al recibo de los reclamos y se comprometió a la revisión exhaustiva del proceso minero.
“Bajo ninguna circunstancia se violarán los derechos de los que son acreedores los pueblos indígenas”, sostuvo, gesto que brindó serenidad y entusiasmo a los representantes indígenas.
Es que en el fondo lo que está en juego es la integridad de un pueblo -integrado por más de 2.000 personas divididas entre las comunidades Caimán Alto y Caimán Bajo- que es víctima de los efectos de las explosiones de parte de firmas mineras que terminan perjudicando la salud y desarrollo social, además de ambiental.
Por otro lado, la instancia también sirvió para pedirle a las autoridades que recorran la zona para poder trabajar en pro del proceso organizativo, cultura, planes de vida, entre otros, de los miembros de la comunidad, indica la información divulgada por la OIA.
El reclamo está hecho. Solo falta el seguimiento y el cumplimiento de las promesas.
