En el país sudamericano hubo acusaciones de “golpe de estado parlamentario” tras hechos confusos en el Congreso“Las decisiones tomadas, con serias dudas sobre su legalidad y legitimidad, son una muestra de la absoluta falta de consideración y respeto a la institucionalidad democrática que con tanto esfuerzo y esmero hemos conquistado tras décadas de dictadura”
Esta ha sido la firme declaración de la Conferencia Episcopal de Paraguay sobre los acontecimientos del martes 28 de marzo, cuando el gobierno parlamentario ha establecido un acuerdo con un grupo de oposición para presentar y aprobar, en cuestión de horas, una enmienda constitucional que permita la reelección presidencial.
En Paraguay desde 1992, la reelección del presidente está prohibida por la Constitución para proteger al país de las dictaduras, por lo que el presidente sólo puede realizar un único mandato.
“Es urgente recapacitar, serena y responsablemente, sobre lo actuado y orientar los esfuerzos a restituir la confianza en un órgano de alto valor para la República, el Poder Legislativo, mostrando voluntad firme para lograr los acuerdos en el marco de la legalidad”, escriben los obispos.
La tensión en el país es alta, informa una nota enviada a la Agencia Fides: anoche mil personas salieron a las calles junto con el alcalde de la capital, Asunción, para protestar contra lo que han definido un “golpe de estado parlamentario”.
En la conclusión del documento los obispos escriben: “Consideramos prudente no insistir en la introducción de la figura de la reelección presidencial por la vía de la enmienda constitucional, porque está visto que produce una innecesaria tensión, crispación y polarización social y que, si no se maneja adecuadamente, podría traducirse en violencia con impredecibles consecuencias”.
Artículo publicado originalmente por la Agencia Fides