Una nueva política contra las maras y la migración forzadaEl International Crisis Group (ICG) acaba de publicar a principios de abril, en Ciudad de Guatemala, Bogotá y Bruselas, un informe que posibilita replantear las estrategias domésticas e internacionales sobre el tema migratorio en Centro América y en Estados Unidos.
“El salario del miedo: maras, violencia y extorsión en Centroamérica” es el nombre de este reporte que se dirige, sobre todo, a entender lo que está pasando con la migración del Triángulo Norte de esta porción del continente: El Salvador, Honduras y Guatemala.
La investigación se centra en las maras (pandillas) de Centroamérica y la responsabiliza de actos brutales de violencia, abuso de mujeres y el desplazamiento forzado de miles de personas.
El reporte del ICG señala que los gobiernos de la región “deben dejar de aplicar solamente medidas represivas, y tratar las raíces sociales y económicas de la cultura de las pandillas y sus redes de extorsión, además de invertir en comunidades afectadas”.
¿Qué son las maras?
En los países del Triángulo Norte de Centroamérica, las pandillas han nacido tras las guerras civiles que han azotado a El Salvador y Guatemala, y los problemas imparables de violencia en Honduras, y se han “fortalecido” por las deportaciones masivas que ha hecho el gobierno de Estados Unidos a estos países.
Hay cerca de 54,000 miembros de las maras y su influencia ha contribuido a elevar las tasas de homicidio en Centroamérica hasta niveles sin igual en el mundo: cuando las pandillas declararon una tregua en El Salvador, el número de homicidios se redujo a la mitad de la noche a la mañana.
“Pero lo que constituye el sustento criminal de las maras, y su negocio ilegal más extendido, es la extorsión. Mediante el acoso a los negocios locales a cambio de protección, estos grupos reafirman su control sobre los enclaves urbanos más pobres pagando sueldos miserables a sus miembros”, dice el ICG en su reporte.
Y pide disminuir el impacto de estas extorsiones, reemplazándolas con empleos legales y restaurando la libertad de movimiento en las zonas urbanas del Triángulo Norte reduciría enormemente los daños causados por las actividades de las pandillas”.
Recomendaciones
Tras analizar todas las raíces sociales, económicas y políticas de las maras y el fracaso de las medidas punitivas que han llevado a cabo los gobiernos de El Salvador (“Mano dura”); Guatemala (“Plan Escoba”) y Honduras (“Tolerancia cero”), el ICG propone una serie de recomendaciones con un nuevo enfoque integral que reduzca los daños causados por la violencia de las pandillas, restaure el Estado de derecho y aborde las bases socioeconómicas del reclutamiento de las maras y la extorsión.
A los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras, el ICG les pide reconocer que el Triángulo Norte se enfrenta a una grave crisis de seguridad y desplazamiento forzado, y solicitar apoyo internacional para abordar las consecuencias humanitarias colaborando con organizaciones locales para ofrecer albergue temporal y ayuda a las personas desplazadas por la violencia.
También, entre otros puntos, “participar de forma transparente en medidas de fomento de la confianza con las maras, sin necesariamente entablar un diálogo directo; y estar dispuestos a apoyar la mejora de las condiciones carcelarias a cambio de señales de paz por parte de las pandillas”.
Y al gobierno de Estados Unidos el ICG le pide que sigan brindando apoyo financiero a los gobiernos centroamericanos para que desarrollen iniciativas de prevención de la violencia y desarrollo comunitario y que se abstenga de instigar deportaciones masivas o medidas más duras contra la inmigración procedente de los países del Triángulo Norte sin previas garantías de inversión en las comunidades de los repatriados.
