Dos años después del asesinato de Berta CáceresEl pasado 2 de marzo se conmemoraron dos años del asesinato de la maestra y activista Berta Cáceres. Ese día, grupos de comunidades indígenas lencas se manifestaron en la capital de Honduras, Tegucigalpa, tanto para honrar la memoria de su lideresa en la campaña contra la construcción de la represa Agua Zarca (para instalar una hidroeléctrica) en el río Gualcarque, un lugar sagrado para el pueblo lenca, como para exigir a las autoridades de este país centroamericano la captura de los responsables de su muerte.
Pocos días más tarde, el pasado 9 de marzo, la policía de Honduras arrestó a Roberto David Castillo Mejía, quien fungía como director ejecutivo de la compañía que estaba construyendo la represa en el momento en que, en marzo de 2016, hombres armados entraron en la casa donde se estaba quedando Berta Cáceres en La Esperanza, su ciudad natal (al oeste de Honduras, donde había nacido hacía 43 años) y la mataron a tiros.
El crimen –de inmediato—dio la vuelta al mundo, sobre todo porque la defensora del medio ambiente y de los indígenas lencas en 2015 había sido galardonada con el prestigioso Premio Medioambiental Goldman.
La presión interna y la externa – sobre todo la de Estados Unidos—han hecho que, con Castillo Mejía, sean ya nueve las personas detenidas, presuntamente implicadas en el asesinato de Berta Cáceres.
Sin embargo, según fuentes policiacas de Honduras (por cierto, el país más letal del mundo para los defensores del medio ambiente), esta es la detención más importante pues se identifica a Castillo Mejía como el “autor intelectual” del crimen, esto es, quien contrató asesinos a sueldo y a miembros del ejército que ya fueron encarcelados por el asesinato de Cáceres.
“La detención de Castillo muestra los vínculos que surgen entre el gobierno (de Honduras, a cuyo frente se encuentra Juan Orlando Hernández) y la élite militar y empresarial en una cultura de corrupción”, dice en un editorial reciente The New York Times en Español. Y agrega: “Después de su muerte, un equipo de abogados internacionales reveló que el asesinato fue planificado durante meses. Estados Unidos presionó al gobierno de Honduras para que resolviera el caso y el arresto de Castillo sugiere que esa presión funcionó”.
Aunque no queda claro si realmente existe este cambio en la política interna de Honduras. Las recientes elecciones –cuestionadas por medios internacionales y generadoras de protestas multitudinarias en el país—sugieren al equipo editorial del rotativo neoyorquino que, tal vez, la detención de Castillo Mejía “representa un cambio fundamental en Honduras o simplemente se trata del sacrificio de un chivo expiatorio en un caso que se volvió demasiado importante”, sobre todo porque el presidente Hernández estaría tratando de dar resultados inmediatos en su segundo, y cuestionado, período presidencial que comenzó en enero pasado.
Berta Cáceres había sido un obstáculo inmenso, por una década, para la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), en la que trabajaba Castillo Mejía, quien fue arrestado el viernes 8 de marzo en un aeropuerto en San Pedro Sula, cuando se disponía a tomar un vuelo a Houston.
El Ministerio Público de Honduras aseguró que Castillo Mejía era “la persona a cargo de proveer logística y otros recursos a uno de los autores materiales que ya enfrenta proceso por el crimen”.
Los otros ocho sospechosos arrestados y enjuiciados por el asesinato de Cáceres incluyen a empleados de DESA, asesinos a sueldo y miembros del ejército. En 2016, otros cuatro sospechosos fueron arrestados en allanamientos, dos de los cuales estaban vinculados con DESA.
Uno de los sospechosos arrestados, Sergio Rodríguez Orellana, era un gerente en temas sociales y medioambientales en DESA, y un segundo, Douglas Geovanny Bustillo, había trabajado para una compañía de seguridad contratada por el proyecto de la represa.
Retomando el tema de la presidencia de Juan Orlando Hernández, el equipo editorial de The New York Times en Español infiere que “es posible que Hernández no esté directamente involucrado en el asesinato de Cáceres. Pero Estados Unidos exige que ese caso se resuelva mientras, cínicamente, posibilita la implementación de las políticas corruptas que sostienen al actual gobierno de Honduras, lo que aumenta las probabilidades de que la muerte de Cáceres no sea la última”.
Esto es así porque, tras los comicios del mes de noviembre de 2017 en Honduras, Washington se apresuró a reconocer a Hernández, quien ha sido aliado del país del norte en el tema de migración, narcotráfico y lucha en contra de las maras.
