La cruzada de la actual administración federal de Estados Unidos en contra de la inmigración ilegal –especialmente la inmigración hispana— y de los estados de la Unión Americana que protegen a los inmigrantes, ha tomado un sesgo político inesperado.La nueva polémica que se ha abierto es motivada por una pregunta que, presumiblemente, se va a hacer en el próximo censo de 2020 en Estados Unidos; la pregunta por la ciudadanía. Algo que no se hacía desde el censo de 1960.
Una iniciativa de 1965
Según ha dicho el Departamento de Comercio de Estados Unidos, a quien pertenece la Oficina del Censo, la pregunta sobre ciudadanía, será incluida en el censo de 2020 por petición del Departamento de Justicia.
El Departamento de Comercio, encabezado por el secretario Wilbur Ross, enfatizó que la pregunta sobre el estado de la ciudadanía es “un intento por hacer cumplir mejor la Ley de Derechos Electorales (VRA, por sus siglas en inglés)”.
La VRA data de 1965 y se considera como “una pieza histórica de la legislación federal en los Estados Unidos”. En ella se prohíbe la discriminación racial en las votaciones.
Fue promulgada por el presidente Lyndon B. Johnson durante el apogeo del movimiento por los derechos civiles, el 6 de agosto de 1965, y el Congreso la ha enmendado cinco veces “para ampliar sus protecciones”.
Diseñado para hacer cumplir los derechos de voto garantizados por las Enmiendas Decimocuarta y Decimoquinta a la Constitución de los Estados Unidos., la Ley aseguró los derechos de voto para las minorías raciales en todo el país, especialmente en el sur.
“Tener datos de ciudadanía a nivel bloque censal permitirá una aplicación más efectiva de la VRA y el secretario Ross determinó que la obtención de información completa y precisa para cumplir con este propósito legítimo del gobierno, supera los impactos adversos potenciales limitados”, señaló el Departamento de Comercio en un comunicado.
Muchos no habrán de contestar
Incluir la cuestión de la ciudadanía en el próximo censo de 2020, ha sido duramente criticado por el fiscal general del Estado de California, Xavier Becerra, y por el secretario de Estado de California, Alex Padilla.
Ambos funcionarios, argumentaron en un artículo publicado en el San Francisco Chronicle que la pregunta va a motivar que “California, con sus grandes comunidades de inmigrantes, se vea perjudicada
desproporcionadamente por la participación deprimida en el censo de 2020”-
El asunto es que “un subestimado (de población) podría amenazar al menos uno de los escaños de California en la Cámara de Representantes (y, por extensión, un elector en el colegio electoral)”, según el artículo de Becerra y Padilla en el rotativo de San Francisco.
Es probable que un recuento inexacto e incompleto de los datos poblacionales afecte, también, la distribución de recursos federales, además de la pérdida de distritos electorales en estados en los que los inmigrantes, por temor a ser deportados, no participen en el censo de 2020.
La Constitución de los Estados Unidos exige un censo cada diez años para decidir la financiación federal, el número de representantes en el Congreso y la cantidad de votos electorales que recibe cada Estado.
