Desempleo, delincuencia, prostitución, aumento de enfermedades y xenofobia, las principales preocupaciones de prelados de zonas alejadasObispos de cinco regiones de la cuenca del río Orinoco advirtieron que la oleada de migrantes hacia Colombia «no se va a detener» debido a la magnitud de la crisis que vive Venezuela y a las pocas posibilidades de que los problemas padecidos por los venezolanos se resuelvan o minimicen en poco tiempo.
Los vicarios apostólicos colombianos Joselito Carrero Quiñónez, de Inírida; Raúl Carrillo Martínez, de Puerto Gaitán; Francisco Ceballos Escobar, de Puerto Carreño; Héctor Fabio Henao, director de Pastoral Social del Episcopado, y los sacerdotes venezolanos Dagoberto Zambrano y Félix Brito, a nombre de los obispos de San Fernando de Apure y Puerto Ayacucho, señalaron que la oleada de desplazados hacia Colombia «podría desbordar las precarias estructuras de acogida y las posibilidades de una mínima ayuda» por parte de la Iglesia y otras entidades.
En una declaración suscrita en Puerto Carreño ―a 970 kilómetros de Bogotá― los prelados sostuvieron que la alta migración venezolana sorprendió a las capitales y poblaciones fronterizas más lejanas, las cuales no estaban preparadas para atender a miles de hombres, mujeres y niños que cruzaron el Orinoco «con la esperanza de sobrevivir y buscar mejores posibilidades de vida en Colombia».
También señalaron que la crisis en los departamentos colombianos de Guainía, Vichada y Meta es de tal magnitud que en ciudades como Puerto Carreño y Puerto Inírida, han crecido delitos como el robo callejero y los atracos a negocios y viviendas. De igual manera ―sostiene el documento― se han incrementado problemas como la prostitución, la mendicidad, las enfermedades de transmisión sexual y otras afecciones que atentan contra la salud de los habitantes de estas regiones usualmente abandonadas por los gobiernos centrales.
Asimismo expresaron su preocupación por los brotes de xenofobia hacia los venezolanos a quienes algunos colombianos ven como una amenaza para el comercio, el trabajo y la seguridad. Al respecto precisaron que aunque los empleos son escasos en una región como la Orinoquia ―con amplias extensiones de selva― sí es necesaria una mayor solidaridad ya que en el pasado era Venezuela el país que acogía a los migrantes de Colombia. «En la superación de la xenofobia todos debemos reconocernos como hermanos, dignos de respeto y solidaridad», enfatizaron los representantes del clero.
Aunque consideraron que la tarea de atender socialmente el flujo migratorio es responsabilidad del Gobierno, los responsables de las diócesis colombianas expresaron su «firme voluntad de acoger, escuchar y acompañar a nuestros hermanos venezolanos, de tal manera que puedan vivir con dignidad en este lado de la frontera que los acoge». Al mismo tiempo anunciaron que están dispuestos a trabajar articuladamente con otras jurisdicciones eclesiásticas, entre ellas las venezolanas, y con entidades gubernamentales y particulares para enfrentar la emergencia humanitaria y ayudar especialmente a los sectores más vulnerables.
¿Cuántos venezolanos hay?
Las cifras de venezolanos que han ingresado a Colombia en los últimos años no concuerdan. Mientras extraoficialmente se habla de cerca de dos millones de migrantes legales e ilegales, el Gobierno sostiene que el número es inferior. Así lo afirmó Christian Krüger Sarmiento, director de Migración Colombia ―entidad encargada de controlar la salida y entrada viajeros al país― al indicar que a finales de 2017 solo había 550 mil venezolanos en el país, un número que representó un crecimiento del 110 % respecto del 2016.
La cantidad de migrantes que han ingresado por Bogotá y los cinco puestos fronterizos ―entre ellos Inírida y Puerto Carreño, lugares de preocupación de los obispos― obligó al gobierno del presidente Juan Manuel Santos a flexibilizar las normas migratorias para regular su permanencia en Colombia. Una de ellas fue la realización de un censo de las personas que no habían legalizado su situación y pretendan seguir viviendo en Colombia. No obstante, el Gobierno aclaró que se trata de una medida humanitaria que no otorga estatus migratorio ni autoriza ni regulariza la permanencia de los venezolanos.
Según el último corte realizado por Migración Colombia, hasta el pasado 15 de abril se habían registrado 63.329 venezolanos. De ese total, 33.334 son hombres y 30.525 mujeres.
