Las minas antipersona mataron en los últimos 28 años a 2.283 colombianos, especialmente militares, niños, mujeres, indígenas y campesinosAunque las estadísticas divulgadas recientemente son alentadoras, Colombia aún conserva el deshonroso décimo lugar en el listado de países en donde estos artefactos se utilizan como armas de guerra. En efecto, para Land Mine Monitor, entidad internacional especializada en el monitoreo de minas, este país ya no ocupa el primero ni el segundo lugares en los que estuvo durante años.
Este avance, según el diario El Tiempo, se debe a la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, los programas gubernamentales y la acción de organismos como la ONU que destruyeron miles de minas, explosivos y detonantes que estaban en poder de la guerrilla.
Según la Dirección para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal ―Daicma― organismo estatal encargado de atender esta problemática, entre 1990 y 2018 se reportaron 11.585 víctimas. Entre los afectados física, psicológica o afectivamente, figuran 10.927 hombres, 613 mujeres, 1.187 niños y 388 indígenas de diferentes etnias.
Muchos de los heridos están en condición de discapacidad parcial o permanente porque perdieron una o varias extremidades, quedaron sordos o ciegos o padecen severas secuelas psicológicas. De los afectados por minas antipersonal o municiones sin explosionar, el 60 %, es decir 7.043, fueron militares o policías que realizaban actividades de vigilancia y control. El 40 % restante ―4.532― corresponde a civiles ajenos al conflicto armado.
Sergio Bueno Aguirre, director de la Daicma, sostiene que el número de víctimas se redujo de manera sustancial en los últimos años. Para este funcionario responsable del programa de desminado en poblados y zonas rurales, las estadísticas no dan lugar a dudas: “En 2006 se había reportado un total de 1.232 afectados, el mayor número en la historia del país y diez años después, justo en 2016, esa cifra descendió el 93 % al registrarse solo 89 víctimas”.
De acuerdo con informes oficiales, el año pasado apenas se conocieron 56 casos, de los cuales 40 fueron civiles y 16 miembros de la Fuerza Pública. En lo corrido de 2018 el número de víctimas también descendió ya que hasta finales de mayo solo se habían reportado 57 casos.
Por su parte, el Hospital Militar Central que durante más de tres décadas fue un auténtico hospital de guerra instalado en Bogotá, también redujo el número de pacientes heridos en combate o por minas. Según el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, este hecho se debe a la disminución del conflicto ya que anteriormente se recibía un promedio de 131 militares y ahora solo se atiende a un soldado que por lo general ha sido herido por una mina.
Los retos del desminado
Además de la atención social y psicológica de los sobrevivientes de las minas, el Gobierno, con el apoyo de la ONU, la OEA y 25 países liderados por Noruega y Estados Unidos, puso en marcha en 2016 la Iniciativa Global para el Desminado Humanitario. Este programa comprende la desactivación de minas en 673 poblaciones en donde las guerrillas y otros actores armados sembraron artefactos que por sus características son difíciles de ubicar y desactivar.
227 municipios alejados de capital del país ya estén libres de toda sospecha o reporte de minas antipersonales en sus territorios. En palabras de Sergio Bueno Aguirre esto significa que más de dos millones de colombianos hayan podido regresar a sus predios, recuperar sus propiedades y movilizarse libremente sin riesgo de morir o quedar lisiados de por vida.
En esta tarea trabajan día y noche 5.000 soldados que integran la Brigada de Desminado Humanitario del Ejército Nacional ―una unidad militar altamente especializada― y diez organizaciones humanitarias con experiencia en actividades similares en países que padecieron este flagelo. Su trabajo ha sido posible gracias a los países que respaldan el programa los cuales han aportado hasta el momento cerca de 145 millones de dólares.
Colombia podría estar libre de esta actividad criminal que sigue cobrando víctimas inocentes hacia 2021. Sin embargo, falta mucho camino por recorrer no solo con los exguerrilleros de las Farc vinculados al programa, sino con el Ejército de Liberación Nacional ―ELN― la segunda guerrilla del país, actualmente en conversaciones de paz, pero a quien el Gobierno acusa de utilizar las minas para atemorizar a los civiles y atacar a la Fuerza Pública. A ellos se suman organizaciones de narcotraficantes y paramilitares que también usan minas para proteger sus territorios.
Por último, se desconoce qué posición adoptará sobre este delicado problema el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, elegido el pasado 17 de junio. Por ahora el mandatario electo ha dicho que no hará trizas los Acuerdos de Paz impulsados por Juan Manuel Santos, pero sí les hará correcciones.
