Ningún sacerdote está obligado a respetar una ley humana que intente socavar la confidencialidad absoluta de la confesión“Existe un caso en el que la custodia del secreto se ha revelado particularmente eficaz. Hablo del secreto de confesión, el secreto que el confesor mantiene sobre los pecados que le han sido confesados. Evidentemente se trata de un valor considerado fundamental en la Iglesia católica, inculcado con tanta fuerza en las conciencias que se ha mantenido como una de las normas más respetadas”.
Lo anterior forma parte del pequeño ensayo *Segreti e no* (*El secreto y no*, Nuevos Cuadernos Anagrama, 2017) del escritor triestino y eterno candidato al Premio Nobel, Claudio Magris (1939), quien agrega: “Ha habido sacerdotes que han violado diversos mandamientos, pero poquísimos sacerdotes han revelado el secreto de confesión” (páginas 43 y 44).
¿Y la culpa del pecador ante Dios?
Este “caso de éxito” en la historia de la humanidad reseñado por Magris tiene un fundamento teológico: el sigilo o el secreto de conciencia así como la relación con Dios del que se confiesa. Y es un ejemplo, continúa el escritor italiano, “por la preocupación más viva de tutelar el secreto no como misterio inefable, sino como defensa de la dignidad de la persona y de su intimidad, de su verdad interior”.
Todo esto les trae sin cuidado a trece legislaturas de Australia que han aprobado una norma legal que ordena a los sacerdotes católicos violentar el secreto de confesión en casos de delitos de abuso sexual a menores y otros crímenes que conozcan en el confesionario, sin tomar en cuenta la sacralidad del sacramento de la confesión y la teología del sigilo.
La Confraternidad Australiana del Clero Católico (ACCC, por sus siglas en inglés) ha objetado esta normativa que podría obligar a echar marcha atrás a uno de los pilares fundamentales de la vida sacramental de la Iglesia católica. Además, sería tanto como declarar a la ley humana –aprobada en las legislaturas de Australian Capital Territory, South Australia y Tasmania– superior a la ley divina.
“Dado que la naturaleza del pecado involucra la culpa del pecador ante Dios y la absolución confiada por Cristo al sacerdote, quien debe hacer un juicio sobre la sinceridad del arrepentimiento del pecador, el sigilo del sacramento se aplica a la relación personal del penitente, en su conciencia, con Dios y como tal no es meramente una materia de ley canónica sino de ley divina, de la cual a la Iglesia no tiene poder para dispensar”, dice el comunicado de la ACCC.
Agrega que “ningún sacerdote está obligado a respetar una ley humana que intente socavar la confidencialidad absoluta de la Confesión”. Más adelante, en su comunicado, la Confraternidad subrayó que los sacerdotes no pueden y no van a cumplir una ley de esta naturaleza, que además está inspirada en un “entendimiento radicalmente inadecuado del sacramento”.
Piensa mal y ¿acertarás?
Evidentemente, detrás de esa normativa se esconde la presunción interpretativa de que el sacramento de la confesión está motivado por una supuesta cultura de la ocultación y del contubernio, ocasión de la que se ha “servido” la Iglesia católica tanto para “tapar” a sus miembros que cometen este tipo de delitos como para sacar ventaja de los penitentes…
La ACCC detalló algunos de los obstáculos prácticos a la pretendida denuncia obligatoria. El primero de todos es la protección del anonimato de los penitentes a través de la pantalla del confesionario, que impide que un confesor pueda reconocer con certeza el rostro del penitente.
Además, los penitentes no están obligados a confesar detalles específicos de los pecados más allá del tipo de falta cometida y el número de veces, si hay reincidencia. La ausencia de información como detalles de lugar, tiempo, y nombres de involucrados no permitiría la identificación en ningún caso jurídico.
La Confraternidad recordó el fuerte deseo de los sacerdotes australianos de una mayor protección de los niños y adultos vulnerables y la persecución de quienes han cometido este tipo de crímenes. Sin embargo, alertó que “estas leyes no cumplen ninguno de estos dos objetivos y en adición crean un precedente en Australia para la violación de la libertad religiosa a través de la extralimitación del Estado en el dominio de lo sagrado”.
Cuando –como dice Magris (páginas 44-45)—“el sofisticado crecimiento tecnológico de los medios de comunicación permite violaciones de la elemental vida privada cada vez más inquietantes, en una espiral de comunicación global que se convierte en expropiación de la persona, voyerismo disfrazado de ciencia, de investigación social, de denuncia política, de chismorreo pseudocultural”, los legisladores australianos quieren dar por terminado uno de los minúsculos resquicios que le quedan al hombre moderno para descargar su conciencia, obtener el perdón y sujetarse a la ley divina.
O algo parecido.
*Con información de Confraternidad Australiana del Clero Católico, reproducida por Gaudium Press*
