Se cumplen dos meses de la renuncia de los 32 obispos chilenos
Durante este tiempo ya están en plenas funciones cinco administradores apostólicos en las Diócesis de Valparaíso, Rancagua, Talca, Osorno y Valdivia. Durante este tiempo también realizaron un segundo viaje Monseñor Charles Schicluna y Monseñor Jordi Bertomeu, donde escucharon nuevas víctimas de abuso, y también establecieron los puentes de comunicación y facilitación de antecedentes entre la iglesia y la Fiscalía que investiga los casos.
Hoy se conoció que el Ministerio Publico investiga a 158 miembros de la iglesia, entre obispos, sacerdotes y laicos; como autores o encubridores de casos de abuso sexual cometidos a menores o adultos. La semana pasada se instruyo a todos los fiscales de Chile que se nombrara a un profesional de investigación exclusiva para que investigara los casos que se han producido al interior de la iglesia.
Los enviados apostólicos, Schicluna y Bertomeu, durante su visita se reunieron con el Fiscal Nacional, Jorge Abbot, donde se comprometieron a colaborar en la facilitación de casos investigados por el clero. De esta manera los fiscales han solicitado y han incautado a través de órdenes judiciales antecedentes y carpetas en las distintas diócesis de Chile.
T13Movil detalla que hasta el momento se ha realizado un levantamiento de 144 casos de abusos ocurridos entre 1960 a la fecha, y en donde se han logrado identificar a un total de 266 víctimas de las cuales 178 son menores de edad, 31 adultos y todavía falta por precisar a otros 58.
Ante las cifras entregadas por el Ministerio Publico, Jaime Coiro, diacono y portavoz de la Conferencia Episcopal de Chile, dijo en conferencia de prensa “las cifras entregadas nos llama a reflexionar por la cantidad de victimas. Mas allá de la cantidad, cada una de estas personas ha debido vivir un proceso que es sumamente doloroso. Esta cifra nos estremece y es la que nos preocupa”.
Ana María Celis, integrante del Consejo Nacional de Prevención de Abusos y experta en derecho canónico, relato en este mismo encuentro con la prensa “que tanto la jurisdicción civil como la canónica se requieren. Es el Estado quien priva la libertad mientras que la Iglesia Católica, es la única que puede privar del ministerio sacerdotal o restringirlo”.
A través de diversos medios de comunicación se ha visto como el Ministerio Publico ha debido recurrir a órdenes judiciales para incautar los antecedentes en distintas Diócesis, tal es el caso de Rancagua, lo que ha traído mas malestar por parte de los laicos porque ven en esta actitud un ánimo por parte de la iglesia de no colaborar con la verdad.
Para la abogada canónica, Ana María Celis, la explicación es la siguiente “la misión de la iglesia es resguardar la dignidad de las personas que concurre a darnos su testimonio y mantengamos la confidencialidad de su situación, creo que hay que honrar esa dignidad. Pero vamos a hacer lo posible para que esa persona recurra a ambas jurisdicciones”.
La tensión entre ambas jurisdicciones va a continuar, sin embargo lo que no se puede transar es la atención y reparación a las víctimas.
