El llamado “Plan de la Patria” avanza en la restricción de un derecho fundamental, estar informados
La situación reviste carácter de emergencia en Venezuela. El “Plan de La Patria”, el mismo que los obispos venezolanos denunciaron oportunamente como “moralmente inaceptable”, oficializa ahora un viraje para las políticas de internet en Venezuela.
La Santa Sede ha venido ampliando su presencia en internet en los últimos tiempos, inclusive abriendo portales hacia el mundo musulmán.
El interés de la Iglesia por Internet es una expresión particular de su antiguo interés por los medios de comunicación social. Considerándolos como un resultado del proceso histórico científico por el que la humanidad « avanza cada vez más en el descubrimiento de los recursos y de los valores encerrados en todo lo creado », la Iglesia ha declarado a menudo su convicción de que los medios de comunicación son, como dice el Vaticano II, « maravillosos inventos de la técnica », que ya hacen mucho para afrontar las necesidades humanas y pueden hacer aún mucho más.
De manera que Iglesia ha tenido un enfoque fundamentalmente positivo de los medios de comunicación. Los documentos del Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales, aun condenando abusos serios, se han preocupado por aclarar que «una actitud de pura restricción o de censura por parte de la Iglesia (…) ni es suficiente ni apropiada ». Mucho menos podrían los gobiernos abrogarse el derecho de privar al ciudadano de un recurso tan elemental para la afirmación de su dignidad como es informarse e informar.
La Iglesia venezolana, doliente igualmente, asume como suyo el problema y ha denunciado reiteradamente el avance para silenciar los medios en Venezuela, partiendo de la premisa de la función de servicio público que cumplen hoy, muy especialmente las redes sociales, las que documentan la tragedia de un país donde el éxodo y el hambre son noticia de cada día sin cabida en los medios oficialistas que ya hegemonizan el espectro informativo en el país.
El Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019 conocido como Plan de La Patria, el mismo que los obispos venezolanos denunciaron oportunamente como “moralmente inaceptable”, oficializa ahora un viraje para las políticas de internet en Venezuela: “llevar a niveles no vitales la conexión de Venezuela con las redes de comunicación en información en Venezuela”. La excusa es que están “dominadas por las potencia neocoloniales”. No es extraño, entonces, que cada día el ciudadano común encuentre menos acceso a internet y más bloqueos para portales web y blogs que distribuyen información y facilitan la opinión, agregando así esta restricción a las consabidas de alimentos y medicinas.
Es un escándalo que hoy Venezuela tenga 2.500 páginas webs bloqueadas, más de 372 direcciones de internet con contenido noticioso a las cuales no se puede acceder, entre ellas el canal colombiano de noticias RCN, la página del diario venezolano El Nacional y los portales La Patilla y El Pitazo, entre otros. DW de Alemania tiene un aviso preventivo “de continuar” divulgando reportajes sobre la realidad del país. Las categorías de sitios webs más proclives a ser bloqueadas se relacionan, en este orden, con el mercado paralelo del dólar, medios de comunicación y los blogs de crítica al oficialismo.
Siete diarios han cerrado durante el primer trimestre del 2018, bien por restricciones de papel, por crisis económica inducida o por acción directa del gobierno. En cinco años de Nicolás Maduro en el poder cerraron 40 periódicos independientes.
Hasta el Diario Católico del Táchira, decano de la prensa nacional, vivió su “pasión, cierre y resurrección” después de 94 años de circulación ininterrumpida y superadas con creces las más de 30 mil ediciones. Es uno de los medios que ha tenido que reinventarse por la crisis económica en Venezuela. Forma parte de las “crónicas insumisas” que recogen las historias de periodistas y gerentes de medios, editores y caricaturistas venezolanos que se han negado a renunciar a su derecho a la libre expresión.
Refugiados en el poco fiable servicio de internet, el actual director, Pbro Johan Pacheco, mantiene la esperanza de que “pronto el Diario Católico vuelva a ser literalmente un periódico”. Ahora distanciado de la guía editorial el sagaz anterior conductor, el padre Ballesteros, cree que “el futuro del periódico depende del futuro de Venezuela”. Dice que el Diario Católico no es más que “el reflejo del estado general de un país amordazado, acorralado y con la expresión perseguida”. El obispo de la diócesis, Mario Moronta, es un convencido de enfrentar los problemas y asumir los retos: “Debemos tener visión de futuro, como Sanmiguel, que inició esta obra en momentos en que tampoco había tantos recursos”. Crisis, en su diccionario personal, es una situación que obliga a crecer….aunque reinventarse a veces signifique reducirse.
Hasta fines de mayo de 2018, han desaparecido 80 de los 115 diarios que circulaban en 2013, lista a la que se han agregado varios hasta hoy. Pero el rubicón ahora lo transitan las publicaciones digitales.
El más reciente golpe ha sido el corte abrupto del acceso al blog del Grupo Ávila, conformado por venezolanos especialistas en el área de las relaciones internacionales -básicamente integrado diplomáticos profesionales de las relaciones internacionales de formación demócrata cristiana- el cual se ha dirigido hace pocas horas al país y al mundo para denunciar que su medio de divulgación y de opinión, http://grupoavila.blogspot.com, junto a otros medios digitales del país, “ha sido bloqueado por el gobierno autoritario de Nicolás Maduro”. Según se constata, los venezolanos no podemos ya acceder a él de manera libre.
Aunque garantizado por la Constitución de Venezuela, cada vez es menor el acceso a la información en el país. Los nuevos medios que ahora se detienen de forma permanente, se suman a una lista interminable.
Los diarios El Regional y Última Hora detuvieron sus rotativas, sumando al estado Portuguesa -centro del país- al grupo de las infortunadas entidades donde la población está sin medios impresos que les garanticen el derecho a la información.
No es difícil de comprender que Conferencia Episcopal Venezolana, cuya página ha sido hackeada en varias ocasiones, convocara a mediados de este año -en el marco de su reunión ordinaria de Obispos- a las organizaciones de la sociedad civil y a los partidos políticos a “exigir la restitución del poder soberano utilizando todos los medios que contempla la Constitución”. Tampoco lo es imaginar que este tema tan sensible figure en las conversaciones durante la visita ad limina que los pastores del pueblo venezolano realizan en estos momentos en Roma.
