Los obispos están muy preocupados e indignadosLa corrupción en algunos gobiernos de países latinoamericanos es semejante a aquél cuento del pintor chino que, para mostrar a sus alumnos cuál camino había elegido para hacer su obra maestra, se metió en el cuadro por el sendero que había dibujado y se perdió en el fondo del bosque. Los discípulos lo esperaron hasta la noche, pero el pintor ya no volvió a salir: se había hecho uno con su obra.
Adiós adelantado
Así parece suceder con políticos como el presidente de Guatemala, Jimmy Morales (49), quien ha mantenido una batalla sin tregua ni cuartel en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), organismo auspiciado por la ONU que desde 2007 trabajaba para ayudar a fortalecer el Estado de derecho y a combatir las redes de corrupción que operan en el país centroamericano.
Morales –un ex actor y comediante televisivo—se enemistó con la Cicig en 2017, cuando una investigación del organismo internacional enfocó sus baterías en contra de un posible financiamiento ilegal en su campaña para llegar a la presidencia de Guatemala. Esta semana, de plano, anuló –de forma anticipada y completamente unilateral—el convenio con la ONU y expulsó a la Cicig, aunque la Corte de Constitucionalidad echó atrás esta decisión del presidente.
Grave crisis se avecina
Desde hace doce años, los gobiernos de Guatemala renovaban el convenio con la ONU para mantener las operaciones de la Cicig. El actual período de renovación vencía en septiembre de 2019, pero, quizá ante la inminencia de una acusación en su contra, lo que lo llevaría a dejar la presidencia, el mandatario guatemalteco ha decidido enfrentar a la Corte y sumir al país en una grave crisis constitucional.
Al principio de su mandato –que inició el 14 de enero de 2016—Morales se comprometió ante los guatemaltecos a eliminar la corrupción y a colaborar con la Cicig. Su lema de campaña fue “Ni corrupto ni ladrón” y el pueblo le dio su confianza. Sin embargo, esa “buena voluntad” se convirtió en batalla campal contra el ex juez colombiano Iván Velásquez, fiscal designado en 2013 para encabezar la Comisión.
La corrupción no soy yo (ni mi hermano ni mi hijo)
¿El motivo del cambio de agujas? Sucedió cuando la Cicig presentó cargos en contra del hermano y uno de los hijos del propio Jimmy Morales por estar involucrados en un esquema de fraudes financieros. También que el organismo de la ONU lo acusó a él y a un poderoso grupo de empresarios guatemaltecos de violar las leyes de financiamiento de su campaña.
Desde entonces, Morales había intentado poner obstáculos a la labor de la Cicig. Entre otras acciones, prohibió que el fiscal Velásquez pudiera reingresar al país tras un viaje, se negó a renovar las visas de algunos fiscales de la Cicig y anunció que no renovaría el mandato de la comisión tras su fecha de conclusión en septiembre. Pero esta semana, el presidente se retiró del acuerdo y dio 24 horas al personal extranjero de la Cicig para abandonar el país.
Busca cubrirse las espaldas
Según los analistas, lo que Morales está buscando no es su reelección en junio próximo, porque la ley se lo impide, sino el que no llegue un nuevo presidente que apoye las investigaciones de la Cicig, concretamente, impedir que no llegue a la presidencia la ex fiscal Thelma Aldana, quien trabajó con Velásquez en casos de corrupción muy sonados en Guatemala. En Guatemala, una vez que se deja la presidencia se pierde, también, la inmunidad.
Las protestas ciudadanas no se han hecho esperar. Un nutrido grupo de personas marchó de manera pacífica, por la justicia y la democracia, este fin de semana en la capital del país, para exigir al gobierno que respete la labor de la Cicig “y haciéndole saber que nuestra voz cuenta”. Varias organizaciones se unieron para manifestarse el lunes 14 de enero, día en que el presidente Morales entregará su tercer informe de gobierno.
Los obispos muy preocupados e indignados
“Una enorme preocupación y una gran indignación por los acontecimientos de los últimos días” fueron expresadas por los obispos de Guatemala en una declaración emitida el 10 de enero, firmada por el presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala, Gonzalo de Villa Vásquez, obispo de Sololá-Chimaltenango, y por el secretario general, Domingo Buezo Leiva, obispo de Izabal.
Por su parte Álvaro Ramazzini, obispo de Huehuetenango, señaló que la medida de Morales “socava el Estado de Derecho y el respeto debido a las leyes del país… frena el proceso iniciado y las decisiones acordadas en los acuerdos de paz”, incluyendo el desmantelamiento de los cuerpos criminales dentro del Estado y la lucha contra la corrupción y la impunidad.
