Un atentado terrorista contra la Escuela de la Policía General Santander, en la capital colombiana, deja hasta el momento 21 muertos y 68 heridos
La explosión de un vehículo cargado con 80 kilos de explosivos en el principal centro de formación de la Policía Nacional, trajo a la memoria de los colombianos las épocas de violencia del narcotráfico y la guerrilla que también dejaron numerosas víctimas y sembraron el dolor en el país.
El Ministerio de Defensa aseguró que es una de las acciones terroristas más graves que ha afectado a Bogotá después de la firma de los Acuerdos de Paz con la guerrilla de las Farc hace más de dos años.
El hecho ocurrió al sur de la capital colombiana, hacia las 9:30 de la mañana y, al parecer, fue encabezado por el conductor del coche bomba quien habría entrado por la fuerza al parqueadero de la escuela para cometer este acto violento en el que murieron policías y civiles. El chofer, según reportes policiales, falleció al activarse la carga explosiva. Aun no se sabe si el supuesto autor actuó como un kamikaze o si el explosivo fue activado a control remoto o mediante un temporizador.
El presidente Iván Duque Márquez, canceló un consejo de seguridad programado en el Chocó, al noroeste de Colombia, y regresó a Bogotá para dirigir los operativos que conduzcan al esclarecimento del atentado. En una breve declaración señaló que “Este es un ataque a un centro académico donde había jóvenes y estudiantes desarmados. Es un ataque no solo contra la juventud, la Fuerza Pública y los policías; es un ataque contra la sociedad”.
El estupor fue general puesto que, pese a otros hechos violentos, muchos consideraban que el terrorismo urbano estaba erradicado del país. En un primer informe, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, reveló que el carro bomba llegó de Arauca, en la frontera con Venezuela, y que el explosivo utilizado fue pentolita, un material muy sensible al calor y a los golpes, ideal para explotar de manera instantánea.
La mayoría de los muertos eran jóvenes que aspiraban a ser oficiales de la Policia Nacional, entre ellos, Érika Chicó, una policia ecuatoriana de 27 años que había llegado recientemente a Bogotá con otros nueve compatriotas para estudiar en la Escuela General Santander, una de las más prestigiosas de Latinoamérica. Entre los heridos figuran otra mujer ecuatoriana y tres cadetes de nacionalidad panameña. Tres deportistas colombianos de 23 años que también estudiaban en la institución, figuran entre las víctimas mortales.
Las autoridades incrementaron la medidas de seguridad en las principales capitales del país para ubicar y capturar a los responsables y prevenir otros atentados. Hasta el medio día, hora de Colombia, ninguna organización delictiva se había atribuido los hechos en los que murieron 21 personas y otras 68 resultaron heridas.
A su vez, los organismos de seguridad barajan varias hipótesis sobre la autoría del atentado y no descartan que se trate de una escalada violenta de organizaciones guerrilleras u organizaciones del narcotráfico. Actualmente el Gobierno tiene en suspenso las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional —ELN— grupo guerrillero de izquierda al que se le acusa del reciente secuestro de tres integrantes de la tripulación de un helicóptero en Norte de Santander, también en la zona fronteriza con Venezuela. El Gobierno reiteró, días antes del atentado, que no estaba dispuesto a negociar con el ELN si ese grupo no renunciaba expresamente al terrorismo y el secuestro.
Por su parte, la Iglesia católica pidió oraciones por las víctimas, los heridos y sus familias. En una declaración el presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, monseñor Óscar Urbina Ortega, dijo que el país no puede permitir que el terrorismo y la violencia sigan acabando con la vida de los colombianos y haciendo crecer el miedo y la incertidumbre.
