Miles de colombianos salieron a protestar por el atentado terrorista en el que murieron 20 estudiantes que anhelaban ser oficiales de policía. La guerrilla izquierdista del ELN admitió su autoría
En Bogotá, donde se organizó la principal de las marchas, coincidieron partidarios del Gobierno y opositores al presidente Iván Duque Márquez y aunque no se les vio en el mismo lugar, su concepto fue idéntico: homenajear a los jóvenes estudiantes asesinados, trabajar unidos contra el terrorismo y promover el respeto a la vida.
Al término de la jornada, denominada ‘Unidos contra el terrorismo’, el jefe del Estado dijo que “La violencia irracional de quienes desprecian la vida y buscan someter a la democracia y a la Justicia en Colombia nos golpeó en lo más preciado de cualquier Nación: su juventud.” Advirtió que con la masiva manifestación ciudadana se le envía un “sonoro e inequívoco mensaje al mundo” de rechazo al terrorismo como medio de chantaje “y al uso de la violencia como mecanismo de presión contra la sociedad”.
En el mismo sentido se manifestó el presidente del Congreso, Ernesto Macías Tovar, del oficialista partido Centro Democrático, quien señaló que la jornada de este domingo “fue un contundente pronunciamiento de los colombianos contra el terrorismo y de solidaridad total y de corazón con los héroes de la patria”.
Por su parte el expresidente Juan Manuel Santos, seriamente criticado por el Centro Democrático, partido del presidente Duque Márquez, participó sorpresivamente en la movilización, saludó a varios policías y manifestantes y sin entrar en controversia con el Gobierno afirmó en una entrevista con el diario El Tiempo que “La unión es necesaria, hay que dejar atrás los odios, las envidias y los rencores y trabajar por las buenas causas”.
Líderes de izquierda y de centro que no apoyan a Duque Márquez y se oponen a su decisión de romper las negociaciones de paz iniciadas en La Habana, Cuba, por el Gobierno de Santos con el Ejército de Liberación Nacional —ELN—, también concurrieron a la marcha en Bogotá. Uno de ellos, el excandidato presidencial del Partido Verde, Sergio Fajardo, pidió a los colombianos unirse “contra la violencia, por la vida, la paz y la reconciliación”. Por su parte Antonio Navarro Wolff, exguerrillero del M-19 y precandidato a la alcaldía de Bogotá, pidió respeto por los colombianos de todas las condiciones al señalar que “la vida es sagrada”.
Durante una eucaristía celebrada en la Catedral Primada, a la que asistieron los familiares de los 20 estudiantes de policía asesinados, el cardenal Rubén Salazar reiteró el pedido de la Iglesia y del papa Francisco de buscar la unidad nacional para encontrar la paz. En la homilía el primado recalcó que “El estallido feroz del carro bomba nos ha unidos, trayendo a la memoria todos los hechos de violencia que ha vivido nuestro país (…) Hoy el Señor responde a nuestra angustia y nos pide que nos unamos profundamente para derrotar a la violencia a través de la fraternidad y la solidaridad”.
En otras capitales como Cali, Barranquilla, Medellín, Montería, Cartagena, Bucaramanga y en el pequeñas ciudades y poblaciones, también se organizaron sentidas marchas para expresar su condena a la violencia y expresar su apoyo moral a las familias de los uniformados fallecidos. Como hecho curioso, por primera vez en muchos años, en esta ocasión no fue necesaria la presencia del Esmad, el escuadrón élite de la Policía especializado en el control y la represión de manifestaciones callejeras organizadas por la ciudadanía. Al contrario de otras ocasiones, en esta jornada —salvo esporádicos incidentes de intolerancia entre partidarios de derecha e izquierda— se observaron emotivas expresiones de cariño y gratitud de los manifestantes de diferentes condiciones hacia los policías que acompañaron las marchas.
Penosa identificación
De las 21 personas muertas —incluido el hombre que manejaba el carro bomba— los especialistas del Instituto de Medicina Legal solo han logrado identificar partes de los cuerpos de nueve de ellas. Los restantes están siendo identificados mediante complejas tareas dirigidas por antropólogos, dactiloscopistas odontólogos y forenses que requieren cotejar fragmentos corporales con pruebas de ADN tomadas a sus familiares. Muchos de los restos fueron hallados por las autoridades a muchos metros de distancia del lugar donde explotó el coche con 80 kilos de pentolita.
Los 20 estudiantes —que en el momento del atentado no tenían armas ni realizaban actividades de entrenamiento militar— eran jóvenes entre los 17 y 21 años que habían ingresado a la Escuela de Cadetes General Santander para graduarse como oficiales de policía en esta institución, una de las más prestigiosas de América Latina y en la que desde hace más de cien años se ha graduado la alta oficialidad policial de Colombia. Esa fama de la escuela, que tiene categoría de universidad, explica por qué entre las víctimas y heridos figuran hombres y mujeres de países como Ecuador y Panamá.
En las últimas horas el ELN reconoció en un comunicado publicado en su portal Voces la autoría intelectual y material del atentado y afirmó que fue un acto “lícito dentro de derecho de la guerra” y en “legítima defensa”. En su declaración, el ELN considera que la escuela donde perpertaron la acción terrorista “es una instalación militar [en la que] reciben instrucción y entrenamiento los oficiales que luego realizan inteligencia de combate, conducen operciones militares y participan activamente en la guerra contrainsurgente…” En otro de los apartes, el grupo guerrillero señala sin vacilaciones que en el atentado del jueves pasado “no hubo ninguna víctima no combatiente”.
Las negociaciones de paz con el ELN fueron canceladas por el presidente Duque Márquez luego de que la Fiscalía General atribuyera la autoría intelectual y material de la acción terrorista al ELN. Además, el Gobierno activó las órdenes de captura contra la cúpula de esa organización guerrillera que participaba en las conversaciones de La Habana y pidió a Cuba que los capture y entregue a las autoridades colombianas.
No obsante, el ELN pidió que se respeten los protocolos firmados con el Gobierno anterior, según los cuales, durante 15 días después de la ruptura se debe garantizar el regreso seguro, a la clanestinidad, de los negociadores de la guerrilla. Esta petición fue rechazada por el Gobierno de Duque con el argumento de que esos protocolos no fueron suscritos por la actual administración.
