Fruto de la violación de una niña de 12 años, su caso conmociona la opinión públicaEsperanza, la beba nacida tras una cesárea realizada en la semana 24 de gestación para interrumpir así un embarazo de una niña de 12 años que había sido iniciado por una violación, falleció a los pocos días de haber nacido. La noticia fue confirmada por un escueto comunicado el Hospital Materno Infantil en el que permanecía internada tras su nacimiento. En el comunicado, sin embargo, no se da el nombre de la beba, y se hace referencia a ella como “recién nacido”.
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Tras conocerse la noticia, llovieron lamentaciones y críticas en redes sociales. Curiosamente, al unísono entre quienes promueven el aborto y el cuidado de la vida de la madre y el niño por nacer.
Los primeros, porque expresaban que una cesárea no era un mecanismo para aplicar el protocolo de aborto no punible, título cambiado en el último protocolo a “interrupción legal del embarazo”.
Los segundos, porque se forzó el nacimiento a un período gestacional en el cual las posibilidades de supervivencia son muy bajas, y de ocurrir, son muy altas las probabilidades de secuelas. Como ya hemos escrito, y como compartió un profesional, “un desastre obstétrico, una mala praxis judicial, política, médica, y social”.
Cuando se supo que se practicaría una cesárea, organismos provida insistieron en que se dé más tiempo al embarazo. Según expresó el abogado Elías Baldassi, Miembro de la Comisión Federal de Abogados, “lo que hicieron fue una cesárea como parto prematuro inducido, pudiendo la bebé seguir gestándose naturalmente y el embarazo no estaba en riesgo”.
“No se ha invocado que de la espera del proceso natural de gestación se derive peligro para la salud de la madre, de modo tal que no hay razón válida alguna que justifique anticipar el parto de la niña por nacer”, había asegurado por su parte la Red Federal de Familias.
El Dr. Baldassi, en declaraciones reproducidas en su momento por la Agencia AICA, había expresado que por la decisión se debiera realizar un juicio político al gobernador Gerardo Morales. En un portal de firmas digitales ya se juntan adhesiones para solicitarlo debido a que “la bebé no murió, la mataron con las decisiones políticas desacertadas”.
Desde sectores pro-aborto también cargaron contra las autoridades de Jujuy, e incluso hasta hablaron de tortura al recién nacido: “A fin de cuentas no terminaron salvando a nadie: el recién nacido también sufrió una situación de tortura agonizando por cinco días”, aseguró una referente de esos movimientos al diario Página 12. Aunque cargan las responsabilidades sobre el ministro de salud, quien se había manifestado como una persona que creía en el cuidado de las dos vidas. Entre los argumentos, hablan de que se difundió información del procedimiento y de la salud de la niña embarazada sin consentimiento. El gobernador Morales también se había hecho eco de la información, aunque por el momento no anunciaron denuncias contra él.
Desde el gobierno de Jujuy se había anunciado la arriesgada y repudiada cesárea como una solución a un conflicto de posturas antagónicas. Decían que incluso cumplían con el protocolo de interrupción legal del embarazo; un protocolo elaborado sin priorizar la vida del niño por nacer.
Pero el desenlace confirma algo que aún con la sobrevida de Esperanza hubiese sido lo mismo: una pésima solución política que no priorizó la vida del más indefenso.
