Las diversas formas de defender la seguridad nacional por parte de la actual administración que encabeza el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han enfocado sus baterías sobre los migrantes indocumentados, considerándolos, a la mayoría (menores de edad incluidos) como una “amenaza” al país del norteSegún la administración federal estadounidense, en gran cantidad de ocasiones los migrantes de Centroamérica, sobre todo, se hacen pasar por refugiados o por perseguidos en sus países, y, tras pedir asilo y vivir en libertad, no acuden a sus audiencias judiciales y “desaparecen” en el interior del país.
Por eso se ha decidido devolverlos a México y llevarlos, cada vez que se realice su audiencia, a Estados Unidos, haciendo que el proceso se vuelva cada vez más lento y que México “mantenga” a los migrantes hasta que o sean aceptados o devueltos a sus países de origen.
Se viola el debido proceso
Diversos organismos defensores de los inmigrantes en Estados Unidos, hicieron un llamado al Departamento de Seguridad Nacional para que ponga marcha atrás a la llamada política de “permanecer en México”; una política que considera que los Estados Unidos regrese a los migrantes para que esperen en México sus audiencias judiciales.
La Red de Inmigración Legal Católica (Catholic Legal Immigration Network, Clinic) y el Proyecto Dilley Pro Bono indicaron en una carta enviada el 6 de febrero a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, que los Protocolos de Protección al Migrante (MPP) desarrollados por la agencia federal infringen los derechos de debido proceso y el bienestar de los migrantes.
Se trata, según estos organismos, de una “decisión unilateral” de Estados Unidos que pone en peligro “el acceso significativo al asilo y otras protecciones humanitarias según nuestras leyes de inmigración”, dice la carta de treinta páginas que incluye el testimonio de diez familias sobre la violencia que han experimentado en México, con casos de violación, secuestro, las palizas y pago de rescate.
Las autoridades mexicanas han declarado que no apoyan el programa, pero no bloquearían los esfuerzos para devolver a las personas migrantes a la frontera.
Nueve de cada diez se sienten inseguros
Clinic dijo que la carta incluye datos adicionales de encuestas realizadas con 500 mujeres detenidas en el Centro residencial familiar en Dilley, Texas, que detallan los peligros que enfrentan los solicitantes de asilo en México.
Los sondeos revelan que 90.3 por ciento de los encuestados dijo que no se sentía seguro en México; 46 por ciento informó que ellos o sus hijos sufrieron al menos un tipo de daño mientras se encontraban en México y 38.1 por ciento dijo que la policía mexicana los maltrató.
“Sencillamente, las ciudades fronterizas mexicanas no son lugares seguros para que los solicitantes de asilo (niños y familias no acompañados, mucho menos vulnerables) esperen una audiencia en un tribunal de inmigración de los Estados Unidos, dice la carta.
Afectará a los más vulnerables
Para las organizaciones defensoras de los migrantes, el gobierno estadounidense no debería devolver a las personas que piden asilo o buscan refugio a un país en el que su libertad o, incluso, su vida se vean amenazadas.
“El MPP podría afectar a miles de personas, incluidos muchos individuos vulnerables y niños”, agrega la carta enviada a la secretaria Nielsen.
Clinic es un organismo que abraza el valor del Evangelio para dar la bienvenida al extranjero, promueve la dignidad y protege los derechos de los inmigrantes en asociación con una red dedicada de programas de inmigración legal católicos y comunitarios.
El proyecto Dilley Pro Bono incluye el American Immigration Council, la American Immigration Lawyers Association y Clinic.
