El fallecimiento del reguetonero y youtuber colombiano Fabio Legarda en medio de una balacera confirma que este fenómeno está lejos de desaparecerLas cifras suministradas por el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto —Cerac— confirman que solo en 2018 hubo 170 personas afectadas por balas perdidas en todo el país. En lo transcurrido de 2019, según diversas fuentes, 19 personas fueron víctimas de estos artefactos, de las cuales murieron nueve y otras diez quedaron heridas, entre ellas un bebé de once meses.
Estos datos alarmantes no son extraños en un país que pareciera no preocuparse de las víctimas inocentes de delincuentes o de irresponsables armados con revólveres o pistolas. El mismo Cerac —entidad privada especializada en el estudio de la violencia— informó que 1.565 personas fueron impactadas por proyectiles entre 1990 y 2017, es decir, un promedio de 58 víctimas por año. De ese gran total murieron 675 personas, la mayoría de ellas menores de edad.
Pero, ¿qué se entiende por bala perdida? La respuesta la da el Cerac: “Es un proyectil por arma de fuego disparada intencionalmente, que ocasiona heridas letales o no letales a una persona, que no es el objetivo que tiene el responsable de accionar el arma”.
De acuerdo con reportes de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, las balas perdidas tienen diferentes orígenes. Unas son disparadas por hombres alicoradados que en fiestas familiares o comunitarias —especialmente en Navidad y Año Nuevo— deciden festejar disparando repetidamente al aire. Lo que nunca prevén estos agresores es que sus proyectiles pueden caer a muchos metros de distancia, hiriendo o matando a inocentes que no eran sus objetivos.
Otra modalidad la protagonizan pandillas delictivas y de violencia juvenil que en plena calle y sin pensar en las consecuencias, se enfrentan para saldar cuentas. En muchos casos los muertos o heridos son transeúntes y personas ajenas a los agresores. Una tercera modalidad es la de atracadores que asaltan a sus víctimas a la salida de los bancos para apoderarse del dinero que llevaban y que, por reacción de la Policía, vigilantes privados o del mismo asaltado, terminan enfrascados en balaceras que casi siempre terminan de manera cruenta.
Este último, según las autoridades de Medellín, fue el caso del reconocido cantante de reguetón y youtuber Fabio Legarda, un joven de 29 años, oriundo de Popayán y dedicado al género musical urbano desde muy temprana edad. Entre sus trabajos más destacados los especialistas recordaron sus colaboraciones con Leslie Shaw, Andy Rivera y Dylan Fuentes. Recientemente ganó notoriedad al participar en el reality Master Chef Celebrity, del Canal RCN.
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Las versiones de las autoridades indican que Legarda —como se llamaba artísticamente— pasaba en un automóvil por un El Poblado, barrio de clase alta, en momentos en que un hombre era asaltado por dos delincuentes armados. “En ese instante —relató Adres Tobón, secretario de Seguridad de Medellín— la víctima del intento de robo, que al parecer trabajaba en una compañía de seguridad, respondió a los delincuentes con su arma de dotación”. Uno de esos proyectiles, al parecer, impactó en la cabeza al cantante que horas después murió en un hospital de la capital antioqueña. Los médicos informaron que su deceso se produjo por “daño cerebral muy severo”.
Al caso de Legarda se suma el de Shirley Dayanna Duarte Román, una menor de 15 años que murió por una bala perdida el mismo día en que otro proyectil asesino acabó con la vida del cantante. Por una infortunada coincidencia del destino, la niña y una amiga estaban cerca de su casa viendo en un teléfono celular un video de Legarda y, al parecer, comentaban los terribles hechos de Medellín. Justo en ese momento un hombre que perseguía a otro sujeto disparó varias veces y una de las balas atravesó el celular y mató a Shirley Dayanna. El asesino aun no ha sido capturado.
¿Qué hacer?
Estos dos hechos reabrieron el interminable debate sobre el uso de armas de fuego por parte de los civiles y la imposición de penas más drásticas contra los responsables de los disparos. Por un lado, hay sectores que piden restricción total de armas de fuego en todo el país y aunque el Gobierno del presidente Iván Duque prohibió por un año más el porte de armas y autorizó al Ministerio de Defensa a expedir autorizaciones especiales a quienes las requieran por razones de urgencia o seguridad, hay sectores que consideran corta esta medida.
Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, en declaraciones al periódico El Colombiano, afirmó que en Colombia hay medio millón de armas con salvoconductos y unos 250.000 permisos para portarlas. Según el experto esta cantidad de armas legales, más las ilegales, generan un riesgo muy alto para que sucedan hechos lamentables como los de Medellín y Floridablanca.
Sin embargo, otros especialistas estiman que el número de armas circulando es mucho mayor ya que en los registros oficiales no aparecen —por razones obvias—las armas que poseen la guerrilla del ELN, los paramilitares, los grupos residuales de las FARC, los contrabandistas y las organizaciones de sicarios.
De otro lado, hay quienes piden sanciones penales muy fuertes para quienes ocasionen la muerte de personas al momento de disparar sus armas sin que las víctimas sean su objetivo. Pese a que en el pasado se aumentó la pena de uno a cinco años para quienes dispararan al aire así no causaran daño, las estadísticas y los hechos demuestran que el fenómeno está lejos de desaparecer. En este sentido Cerac sostiene que “la judicialización de los victimarios es casi nula y es común que se desconozca la identidad de los responsables”.
La conclusión de Cerac sobre las víctimas de esta forma de criminalidad es dolorosa: “El fenómeno de ‘balas perdidas’ impone una carga de violencia tremendamente injusta: la distribución de las víctimas de ‘balas perdidas’ afecta a mayores y menores de edad por igual, a hombre y a mujeres sin discriminación alguna”.
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