Su madre, una niña de 11 años, víctima de violencia familiarUna niña de 11 años, víctima de violencia familiar, cursaba un embarazo de 23 semanas cuando fue sometida a una cesárea en lo que las autoridades de salud de Tucumán denominaron una Interrupción Legal del Embarazo que cumplía con los protocolos de aborto vigentes, y que no obstante, buscaba cuidar las dos vidas.
Ningún profesional del centro estuvo dispuesto a realizar una cirugía, y ante la objeción de conciencia de todos para el cumplimiento de un protocolo que cada vez se revela como más confuso, concurrió una pareja de médicos externa. Por el momento, el recién nacido seguiría con vida.
El caso es similar al de una niña de Jujuy, del que también dimos cuenta recientemente en Aleteia, cuyo embarazo también concluyó prematuramente con una intervención quirúrgica. A los pocos días, la bebe fruto de aquel embarazo falleció.
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Nada más se supo de la mamá, ni si se hizo justicia con el violador. Sí trascendió la renuncia del médico jefe de obstetricia del Hospital Materno Infantil de Jujuy por lo que denominó la “irrespetuosa intromisión” del gobierno de su provincia por desatender la opinión profesional de la abrumadora mayoría de los médicos del servicio que desaconsejaban esa práctica.
Ocurre que en la Argentina el aborto no es punible en casos de violación o riesgo de vida de la madre. Y un protocolo recientemente reglado tras un fallo de la Corte Suprema obliga a las provincias a garantizar su realización. Pero nada dice, como así tampoco la Organización Mundial de la Salud en su Guía de Abortos, sobre las particularidades de un embarazo avanzado en el que el feto tiene posibilidades de sobrevida extrauterina.
Según explicó con posterioridad el gobernador de Tucumán Juan Manzur, médico de profesión, la niña se había presentado con su familia denunciando la violación, pero inicialmente no pidió el aborto. Sí lo hicieron 36 horas después, cuando, según dijo el gobernador, se activaron los mecanismos para la interrupción del embarazo. Más allá de la discusión, Manzur clamó por la detención del violador, como consignó el diario Perfil: “Nadie lo menciona, pero hay que ver el tema del violador. Pido como gobernador que al que hizo esta atrocidad se le caiga con todo el peso de la ley y que se pudra en la cárcel”. Este es el gran desafío que tenemos.
Tanto el caso de la niña tucumana como la de Jujuy ponen de manifiesto una situación ya expuesta en el Senado de la Nación. Los profesionales de la salud están obligados a cumplir una reglamentación impuesta desde la justicia y el poder ejecutivo con la que, por convicción personal y profesional, no están de acuerdo. Tampoco lo están los políticos que son obligados a llevarlas adelante: en Tucumán, tanto el gobernador como su vicegobernador marcharon en contra de la legalización del aborto durante el año pasado y la misma legislatura declaró como “política de Estado la defensa de la vida desde la concepción en el vientre materno hasta su muerte natural”. El comunicado del Ministerio de Salud sobre la cirugía da evidente cuenta de ello.
En este escenario, mientras algunos aprovechan esta discusión para volver a insistir con un debate que lleve a la legalización, cabe preguntar si por el contrario el persistente rechazo médico y político en varias provincias, y las incongruencias de estos casos extremos, no debieran llevar a una revisión de los protocolos vigentes.
