Venezuela es el único país de América Latina donde a sacerdotes y obispos les impiden brindar atención espiritual y pastoral a los presos en las cárceles. Los episodios de persecución religiosa se intensifican en una nación que clama a Dios libertad y justicia
La ministra para servicios penitenciarios de la administración Maduro, Iris Varela, justificó la ilegal prohibición de visitar las cárceles que pesa sobre obispos y sacerdotes en Venezuela, a pesar de que la Constitución garantiza la libertad religiosa en esa nación sudamericana.
El impedimento no es nuevo, según ha denunciado Aleteia desde el año 2017, pero sí lo es su manejo en condición de herramienta de retaliación política, mientras el número y tipo de incidentes confirman la persecución contra pastores de la Iglesia católica en el país.
Por primera vez desde que se aplica de forma selectiva la medida, la ministra respondió a las acusaciones y ratificó que se le impidió la entrada al Centro Penitenciario de Occidente (conocida como la cárcel de Santa Ana) al obispo Mario Moronta, por considerar que su presencia en Semana Santa sería parte de un “show” político. La funcionaria calificó de “hipócrita” al prelado venezolano y lo hostigó ironizando que debería dejar “de estar pensando en el Capitán América”.
“Aquí no puede venir a montar show. Ha durado (viniendo) desde que es obispo todas las Semanas Santas a hacer el Lavatorio de Pies. Yo decidí este año impedir que viniera. Le pedí a los funcionarios míos que le prohibieran la entrada”, dijo.
Argumentó que monseñor Moronta “se metió a político” y generó “dos proclamas” con las cuales buscaría que la población “desconozca al gobierno”. Antes de esa reacción, el obispo del Táchira había indicado en su denuncia que “en una auténtica democracia, con libertad y justicia”, la prohibición de visitar las cárceles “no pasaría”.
Tras la asunción de Varela como ministra, Aleteia pudo comprobar que Venezuela se convirtió en el único país de América Latina donde obispos y sacerdotes no pueden cumplir con su deber de visitar a los encarcelados, como lo pide la Iglesia Católica con base en el mandato divino establecido en la biblia y en la tradición.
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Dos incidentes contra el mismo obispo
Aunque les prohíben cumplir sus obras de caridad espirituales y corporales, la acción de la Iglesia permite documentar las violaciones a los derechos humanos y lograr algunos beneficios para los privados de libertad, en los que los presos políticos sufren una situación particular.
El hecho más reciente ocurrió este mes de abril, cuando se le impidió al también vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) celebrar misa con los reclusos el Jueves Santo, en un recinto carcelario ubicado en su jurisdicción en Táchira, una entidad fronteriza con Colombia.
Contra el obispo es el segundo hecho en pocas semanas, tras el frustrado intento de impedir que celebrara misa en la capilla del Hospital del Seguro Social, centro de atención público adonde los fieles acuden por razones de salud o para dar la bendición a sus familiares difuntos.
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Sobreviven torturados y en hacinamiento
Situación similar le ocurre al arzobispo emérito de Coro, monseñor Roberto Lückert, quien además es presidente de la Comisión de Justicia y Paz del episcopado, la cual tiene entre sus funciones pastorales primarias justamente la atención de los presos.
En 2018, el prelado dijo en entrevista a Macky Arenas para Aleteia: “La ministro no me deja entrar en las cárceles, pero los pranes (líderes de pandillas delincuenciales) sí”, y estimó que no quiere que entren los obispos católicos “para que no constatemos el desastre que se vive en los penales” donde sobreviven “hacinados sin ninguna atención”.
Con respecto a los presos políticos, dijo que los “tienen aislados totalmente, humillados, torturados”. Confirmó además que desde 2016, Venezuela no tiene capellán para las cárceles, pues “no han querido aceptar esa figura. Hay convenio entre la Conferencia Episcopal y el Ministerio de Justicia sobre los capellanes. Pero ellos, el gobierno, nombran un capellán sin pasar por el plácet del obispo ni de la CEV. Allí están, pero, a los efectos eclesiales, no son capellanes”.
“Este gobierno niega el convenio entre el Estado y la Iglesia y quiere nombrar a su gusto y su medida el capellán nacional. La Iglesia venezolana no se lo ha permitido, pero la ministro ha nombrado un seudocapellán que quiere trabajar como capellán nacional, aunque es algo que no le corresponde porque no ha sido nombrado para ello. Y yo tengo prohibido entrar a las cárceles, aunque es parte de mi obligación”, insistió.
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“Entro como abogado, porque si digo que soy sacerdote no puedo”
El vicario de la Comisión Episcopal, Saúl Ron, fue más lejos: Se presenta como abogado (que también lo es), “porque si digo que soy sacerdote no me dejan entrar”. El presbítero sostiene que diariamente documentan la vulneración de DDHH “y la violación al debido proceso”, así como “tratos crueles” que abundan bajo el régimen de Nicolás Maduro, calificado de usurpador por la Asamblea Nacional y desconocido por más de 50 países, con EEUU y Europa a la cabeza.
“Deberíamos visitar a los presos, pero no podemos hacerlo. La última visita que yo logré fue a comienzos del año 2016. Y no la hice como sacerdote porque no me hubieran dejado entrar. Tuve que hacerla como abogado”, se lamentó el especialista en leyes.
Si se identifica como sacerdote o miembro de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal, inmediatamente le ponen trabas, impidiéndole el acceso. “Lo que me preguntaron la última vez fue que si yo era abogado. Les dije que sí, me pidieron credenciales; las entregué y sólo así pude pasar”, dijo.
No obstante, la Conferencia Episcopal Venezolana brinda asistencia jurídica para dar soporte a denuncias que permiten intentar beneficios a escala nacional, además de documentar ante organismos internacionales las violaciones al marco jurídico legal.
Mandato divino
La visita a los presos es una obra de misericordia que se fundamenta en un deber moral promovido por la Iglesia Católica, basada en un principio evangélico: “Estuve en la cárcel y no viniste a verme” (cf Mateo 25, 43).
El artículo 59 de la Constitución de Venezuela establece que “el Estado garantizará la libertad de religión y de culto”. Sostiene además que “toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y cultos y a manifestar sus creencias en privado o en público, mediante la enseñanza u otras prácticas, siempre que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres y al orden público”.
En el evangelio de San Lucas (cf 4, 14), Jesús enseña que Dios también le ha enviado “a proclamar la liberación a los cautivos”, y en San Mateo (cf 25, 31-46) anuncia el premio para quienes le sirvan con amor y justicia: “Venid benditos de mis padres porque estuve en la cárcel y me visitaste”. Mientras se escucha un incesante clamor en Venezuela: Señor, ¡concede libertad y justicia a tu pueblo!
