Son penosas vitrinas que exhiben la más absoluta ausencia de derechos humanos, el gran móvil de los motines carcelarios en Latinoamérica
Los presos están hacinados porque el concepto de prisión y de castigo en estos sistemas carcelarios es hacer la vida lo más miserable posible. No se piensa en la regeneración de un ser humano quien, por la razón que fuere, cayó en desgracia, cometió delito y está encerrado. De esa manera, el encierro y el hacinamiento se convierten en el caldo de cultivo de una inhumanidad que propiciará toda clase de vicios. Si sale vivo, la gran interrogantes de todo preso en este tipo de penales, seguramente volverá a delinquir.
Bandas armadas -con dinero y poder sobre el resto de los internos- corrupción, contrabando, extorsión y hasta control de los establecimientos por parte de los más sanguinarios, configuran un cuadro que solo podrá sostenerse mediante la complicidad autoridad-presos.
La introducción de armas y drogas en los recintos carcelarios está a la orden del día. Manipulan teléfonos móviles que les permiten manejar desde dentro a sus bandas que operan fuera, en la ciudad. Algunos son capaces de ordenar secuestros y asesinatos aun estando recluidos. Efectúan jugosos negocios que les reportan el dinero necesario para dominar sobre amplios contingentes de seres humanos sometidos al aislamiento y sobrevivir en medio de esa barbarie que son las prisiones.
No es extraño, entonces, el estallido de motines frecuentes que a veces se llevan hasta las vidas de los propios custodios, como el ocurrido hace horas en la cárcel de Acarigua (estado Portuguesa) región llanera en el centro de Venezuela. A pesar de que las autoridades militares obligaron a los reporteros a borrar fotos, audios y videos, el material se filtró a tiempo para que el mundo tuviera registro de ese horrendo hecho que se llevó la vida de 30 reclusos, 14 oficiales heridos y un número indeterminado de afectados de diversas maneras. La ministro del área se ha ufanado de tener en el país “el mejor sistema carcelario del mundo”.
Prison riot in #Acarigua leaves the balance of 29 inmates dead and 19 police officers injured. 6 grenades were detonated during the revolt #Venezuela pic.twitter.com/OlWrTtXu3V
— Manuel Alvarado (@manalvgre) May 25, 2019
A través de un vídeo, se puede detallar a un recluso portando un arma y granadas dentro de la celda acompañado de civiles y amenaza con detonar los explosivos, de llevarse a cabo la incursión de los cuerpos de seguridad dentro del centro policial. Insólita estampa, pero es “el pan nuestro de cada día”.
#24May Situación en la Comisaría de PoliPáez de #Acarigua,#Portuguesa.
Motín-qué inició desde anoche-dejó al menos 20 reclusos fallecidos y 5 policías heridos. Al parecer fue la explosión de 2 granadas la que causó el hecho;informó .@ventanalibertad
Vídeo: Cortesía. pic.twitter.com/shyBFu0hMB
— Pableysa Ostos (@PableOstos) May 24, 2019
Motines similares y hasta con peor saldo se han producido, tanto en cárceles venezolanas como en varias catalogadas como muy peligrosas en el todo el continente. Hacinadas, pues, sin guardas que las controlen dentro y con circuitos propios de venta de sexo, seguridad o alimentos es el perfil común de muchas cárceles latinoamericanas.
Estudios significativos en países como Brasil, Argentina, Chile, Perú, El Salvador y México, demuestran que, sorprendentemente, las prisiones con menor índice de violencia entre los presos y las que tienen menor tasa de maltrato por las autoridades son las que controlan los reclusos. “El Gobierno criminal es más eficiente y exitoso en manejar la violencia que el Gobierno del Estado. Las pandillas dominan”, asegura un experto.
El control pandillero se ha puesto en evidencia en Brasil, donde han muerto centenares de presos en enfrentamientos entre bandas rivales en cárceles de Roraima y de Manaos. Se sabe que en El Salvador, las famosas pandillas controlan los penales. Y hay datos contundentes como el que coteja la tasa de homicidios -calculada sobre 100.000 habitantes- de Chile, Argentina y Perú es de un 3,5, un 5,5 y un 6,6, mientras que en prisión esa cifra se eleva a un 103,2, un 43,6 y un 51,1 respectivamente, según la Encuesta a Población en Reclusión de Latinoamérica (PNUD).
No obstante, Marcelo Bergman, director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (Celiv), ha puntualizado: “Comparto el diagnóstico pero agregaría otro factor de importancia. La consolidación de un líder o banda dentro de una cárcel no significa que la violencia será siempre baja. Los equilibrios por su naturaleza son inestables, ya que las rivalidades internas pueden ocasionar reacomodos. Cuando esto ocurre, es de esperar una espiral de violencia. Esto lo hemos visto en muchas cárceles brasileñas y también en Honduras”.
Se infiere, entonces, que el dominio de la cárcel por las autoridades es uno de los grandes retos. En muchos países su control es perimetral, de puertas para afuera, permitiendo ante la falta de recursos, que sean los encarcelados los que impongan sus propias reglas dentro. Hay mucha variación entre los distintos países. En Venezuela y El Salvador, por ejemplo, hay varias cárceles autogobernadas por los presos que comúnmente se les llama “pranes”. En cambio en Chile y Perú, las autoridades tienen casi pleno control de lo que ocurre en sus pabellones, de acuerdo al citado estudio.
Como información adicional, las cárceles más peligrosas de América Latina y sus más sangrientos motines han sido:
Dos países con casos de revueltas carcelarias recientes: Manaos y Boa Vista en Brasil, donde en 2017 se contabilizaron 56 y 33 reos fallecidos respectivamente y en el Penal de Comayagua -Honduras- en 2012: 350 reos.
-1986, en Perú, en un motín coordinado de presos de las agrupaciones terroristas Sendero Luminoso y Tupac Amaru que se llevó a cabo entre el 18 y el 19 de junio en tres prisiones de Lima (la isla El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara): 250 muertos
-Brasil (1992), el 2 de octubre estalló un motín en la Casa de Detención de São Paulo: 111 muertos
-Venezuela (1992). Un motín fue organizado como consecuencia del frustrado golpe de Estado en Venezuela el 28 de noviembre. Aparte de las víctimas mortales, el suceso se saldó con un número escalofriante de heridos: 523. Los hechos tuvieron lugar en Caracas: 60 muertos.
-Venezuela (1994). el 4 de enero se originó un motín seguido de un incendio en la prisión de Sabaneta, en Maracaibo: 108 muertos
-Honduras (2003), el 5 de abril, un motín y posterior incendio en el establecimiento penal El Porvenir ocasionó la muerte de 61 pandilleros y de otros ocho presos: 69 muertos
-República Dominicana (2005), el 7 de marzo del 2005 se produjo un incendio durante un motín en la prisión de Higüey, en la provincia oriental de La Altagracia tras un enfrentamiento entre bandas: 135 muertos.
-Brasil (2006), entre el 12 y el 16 de mayo en 80 prisiones se registraron de modo simultáneo ataques coordinados por mafias contra comisarías y motines: 133 víctimas mortales.
-Chile (2010), el 8 de diciembre se produjeron graves disturbios en la cárcel de San Miguel, en Santiago de Chile: 81 muertos
-Venezuela (2013), el 25 de enero se produjo un motín en el Centro Penitenciario de Uribana, en la región Centro Occidental. Las autoridades señalaron que se inició debido a “un ajuste de cuentas entre bandas internas que pugnan por el control del centro”: 58 muertos. Según otras fuentes, el número de víctimas mortales ascendió a 63 personas.
Es evidente que el sistema carcelario de América Latina está en crisis. La vigilancia es deficiente, no hay programas de rehabilitación, la prisión se ha agotado como mecanismo de solución de la criminalidad. Ya no es castigo ni disuasión del delito.
A la raíz de todo: el incumplimiento de los derechos básicos de los presos redunda en motines y rebeliones. La situación general es preocupante y las propuestas institucionales de reforma brillan por su ausencia. Detrás de ello está el dividendo político: medidas como invertir en la mejora de los penales así como en programas de prevención sería un camino de solución. El asunto es que el político que las tome va a pagar el costo de asumirlas pero no verá sus beneficios.
No obstante, hay un reto de mayor profundidad: el incremento de la criminalidad en la región es atendido sólo con políticas de encarcelamiento masivo y esa estadía en los penales solo genera más delincuentes. Subyace una concepción errada del manejo de los sistemas carcelarios que, a la corta y a la larga, activan verdaderas bombas de tiempo.
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