Seis de cada diez migrantes huyó del país por hambre, y en el 90% de los hogares venezolanos la alimentación es insuficiente. Lo advierte Cáritas, al señalar que 15% de los niños atendidos llegan con desnutrición aguda grave, e inminente riesgo de morirEl deterioro del estado nutricional en Venezuela se ha agudizado en 2019 y las causas que lo generan no se han rectificado. Nueve de cada diez hogares tienen alimentación insuficiente. El 73% de los niños menores de 5 años presenta déficit nutricional. Las conclusiones son tan dramáticas como contundentes.
Los datos se desprenden de un reporte enviado por Cáritas a la Organización de las Naciones Unidas al que tuvo acceso Aleteia, una parte del cual fue citado por el más reciente informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michele Bachelet.
En su declaración, la expresidente chilena advirtió a la comunidad internacional que “persisten serios obstáculos en la disponibilidad y accesibilidad económica a los alimentos”, y a renglón seguido añadió: “Cáritas registró un 35 por ciento de desnutrición crónica en los niños y niñas menores de 5 años atendidos en junio de 2019 en las zonas más pobres de 18 estados”.
El reporte especial sobre la “situación alimentaria y nutricional de Venezuela, agosto 2019” al que tuvo acceso Aleteia, señala que “el 86% ha puesto en marcha alguna forma de destitución de su base familiar de sustento para enfrentar la inseguridad alimentaria”.
La organización de acción social de la Iglesia católica mantiene equipos de monitoreo centinela en diversas temáticas a lo largo y ancho de todo el país. Trabajan sin descanso en su afán de salvar el mayor número de vidas humanas y mitigar los graves efectos de la crisis humanitaria compleja que afecta a la alguna vez rica nación sudamericana.
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180.000 niños con necesidades nutricionales urgentes
En materia de desnutrición infantil se mantiene activo un ejército de voluntades con programas de atención y viveros para infantes. Sin embargo, en las zonas más pobres de 18 Estados del país, siguen sufriendo los menores de 5 años. Y es que para el cierre de agosto 2019, “el 73% de los niños evaluados mostraban algún grado de déficit nutricional”.
“Un promedio de 15% de estos niños llegan con desnutrición aguda grave, con alto riesgo de enfermarse y posiblemente morir por el desabastecimiento de la red de salud que pueda atenderles”, señala el informe de Cáritas reseñado por Aleteia.
Estamos hablando de 180.000 niños con necesidades nutricionales urgentes, incluidos en los 2.3 millones de niños con necesidades humanitarias totales reportados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en 2019.
Después de más de dos años continuos de seguimiento, los registros de Cáritas dan cuenta además de que “la desnutrición se hizo crónica”. El reporte enviado a la ONU confirma que para el cierre del mes de agosto del año 2019, “el 35% de los niños evaluados ya mostraba un retardo de su crecimiento”.
Señala igualmente que la proporción de niños con “retardo del crecimiento” es especialmente alta entre los niños más pequeños en el período de su vida en el cual se consolida su potencial.
Y va más allá, tasando con datos precisos la gravedad de estos daños irreversibles: “El retardo en el crecimiento alcanza hasta 5 centímetros en los niños y 8 centímetros en las niñas, lo cual sobreañade una discriminación que tendrá repercusiones intergeneracionales”.
Lo que subyace a estos daños es un sistema alimentario que continúa cooptado por el Estado para la dominación política y la corrupción, estima.
Cáritas recuerda que la producción nacional para abastecer al país no supera el 15% de las necesidades agregadas de alimentación de la nación. En 2019 se acumulan ya diez años de caída del PIB agrícola. El desplome por rubro básico oscila entre el 60% y 90%.
La industria alimentaria está operando a menos del 20% de su capacidad operativa y “todos los actores de la cadena alimentaria han experimentado alguna vez” distintas formas de “obstrucción de sus libertades económicas” (multas, decomisos, expropiaciones, encarcelamiento).
Los venezolanos migraron por hambre
El informe señala que el 53% de las personas refugiadas venezolanas atendidas en zonas limítrofes reportaron haber “migrado por hambre”. Se basa en un reporte del Servicio Jesuita para Refugiados, que tal como ha podido documentar Aleteia, mantiene un descomunal despliegue en las fronteras para la atención de los migrantes.
Cáritas también hace mención a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) creados por la administración de Nicolás Maduro en 2016.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se refirió a ellos en 2018, al señalar que el programa no cumple normas relativas al derecho a una alimentación adecuada.
“No satisface las necesidades nutricionales de los venezolanos. El contenido nutricional de los alimentos que vienen en las cajas CLAP es bajo en proteínas y vitaminas, y alto en grasas, azúcares y carbohidratos. Los artículos de una caja no alcanzan para cubrir las necesidades alimenticias” de una familia, señaló en esa ocasión.
Sostuvo también que “el programa carece de procedimientos y mecanismos de rendición de cuentas claros”, al tiempo que constató la falta de contraloría y su uso como “herramienta para la propaganda política y el control social”.
En la actualidad, Cáritas le advierte a la ONU que “los CLAP como plataforma de implementación de los programas alimentarios se consolidaron como una forma de extorsión aceptada y promovida abiertamente por el Estado”.
Agrega que de las responsabilidades del Estado frente al derecho a la alimentación, la obligación de garantizar una alimentación adecuada a la población que está bajo su tutela directa “es la más desatendida”.
Además, “la escasez de alimentos y la muerte por desnutrición se han denunciado en prisiones, hospitales públicos e incluso en el seno de las Fuerzas Armadas”.
“La acumulación de la privación alimentaria constante, tolerada, sin revertir con mecanismos oportunos de rectificación el manejo de las obligaciones con el derecho a la alimentación, y de las inherentes a no proteger a este grupo de la población de los efectos de la crisis del país, se consolidan como una hipoteca sobre el capital humano del país”, concluye el contundente reporte publicado por Aleteia.
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