Al menos 340 solicitantes de asilo han sufrido violencia en México durante este año mientras esperan resoluciónEn enero de este 2019, la administración que encabeza el presidente Donald Trump decidió que los solicitantes de asilo en Estados Unidos deberían ser devueltos a México mientras esperan la resolución de su juicio migratorio.
La iniciativa que lleva el nombre oficial de Protocolos de Protección al Migrante es mejor conocida como “Remain in Mexico” (“Quédate en México”) y ha provocado que al menos 340 solicitantes de asilo hayan sufrido violencia en México durante este año.
Violencia que va desde el secuestro y la desaparición forzada hasta la extorsión y la violación de las mujeres por parte de grupos criminales que operan a lo largo de la frontera del lado mexicano, en ocasiones en contubernio con las propias autoridades mexicanas.
Doblemente víctimas
Lo anterior se desprende de un Informe reciente de la organización Human Rights First (Derechos Humanos Primero, HRF) quien constató que la mayoría de las víctimas provienen de países centroamericanos, aunque también hay algunos casos de venezolanos y de otros países.
Se trata de migrantes, muchos de ellos niños, que viene huyendo de la miseria y de la violencia, de la falta de oportunidades y, entre los jóvenes, de amenazas de muerte por parte de las pandillas que se han enseñoreado de Guatemala, El Salvador y Honduras.
Para HRS, según detalla en su portal Animal Político, la cifra de 340 personas que han sufrido violencia mientras están esperando sus juicios en Estados Unidos, “se queda corta, ya que en muchos casos los migrantes no han denunciado sus casos, ni a la prensa, autoridades o a instancias de derechos humanos”.
Los más vulnerables primero
HRS, en su Informe, acusa a las autoridades migratorias estadounidenses de enviar a personas altamente vulnerables, como mujeres embarazadas, personas con enfermedades o a integrantes de la comunidad LGBT, a sitios peligrosos en México .
“Los refugiados y los migrantes están varados en México con frecuencia en condiciones inhumanas y horribles. Más de mil niños, familias y adultos duermen en las calles frente al punto de entrada de Matamoros (Tamaulipas, frontera con Brownsville, Texas) sin acceso adecuado a agua o medidas sanitarias, llenos de miedo de adentrarse a la ciudad debido a la extrema violencia que hay allí”.
Sitios peligrosos que han sido detectados por HRF, además de las tres ciudades fronterizas de Tamaulipas (Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo), lo constituyen, también, Ciudad Juárez (Chihuahua), Tijuana y Mexicali (Baja California)
¿Qué medidas se pueden tomar?
Por esto mismo, más de cien organizaciones de derechos humanos enviaron una carta al gobierno mexicano, para solicitarle información sobre las medidas que ha implementado frente a las violaciones que enfrentan las personas solicitantes de asilo en la frontera norte.
Los colectivos afirman en su carta que 55.000 personas aproximadamente han sido devueltas a México para esperar sus juicios migratorios, lo que también ha agravado la situación en las ciudades fronterizas mexicanas y puesto en riesgo la vida y la salud a miles de personas
“Ante este grave contexto, las organizaciones de derechos humanos requieren que el Estado mexicano dé información, entre otros, sobre las medidas que está adoptando para atender los riesgos y vacíos de protección a los que se enfrenta la población en la frontera norte”, dice la carta.
Y pide que se informe a la comunidad sobre las acciones adoptadas para garantizar el acceso efectivo de derechos a personas sujetas al programa “Quédate en México”, “en particular con respecto a su acceso a servicios de salud, asistencia jurídica, trabajo, vivienda y saneamiento básico”.
La respuesta, hasta el momento –y como tantas veces sucede en el ámbito oficial mexicano—es, simplemente, el silencio.
Con información del portal Animal Político
