La ola de detenciones de opositores, disidentes y personas que pudieran “hacer sombra” en las próximas elecciones del 7 de noviembre a la tercera reelección consecutiva del actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, avanza como un tsunami. Y puede tocar pronto tierra a las puertas de la Iglesia católica.
En lo que va del mes de junio, la policía nicaragüense, bajo las órdenes de Ortega Saavedra, ha detenido a -por lo menos- 19 opositores políticos y entre ellos a cinco precandidatos presidenciales. La última de las detenciones fue la de la ex primera dama María Fernanda Flores, que se hizo efectiva el pasado lunes.
Esta marea de violencia política ha provocado una serie de críticas de gobiernos y organismos internacionales de derechos humanos. Quizá la más fuerte de todas las advertencias haya sido la de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien ayer martes instó al presidente Ortega y a sus aliados a dar marcha atrás a una política arbitraria de detenciones a opositores.
"Emplazo al Gobierno de Nicaragua a un cambio urgente en el curso de acción que está adoptando frente el proceso electoral", dijo Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, llamando a "liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente".
A los las detenidos se les aplica una ley aprobada por el Congreso de Nicaragua, de mayoría sandinista, misma que permite procesar a quienes, a juicio del Gobierno, cometan actos que "menoscaban la independencia, la soberanía" de Nicaragua, o sean cómplices de "la injerencia extranjera".
Dado que –contra viento y marea—Ortega Saavedra ha mantenido el ritmo de detenciones a opositores, mismo que comenzó con la detención de quien pudiera ser su principal rival el 7 de noviembre, Cristiana Chamorro, el siguiente paso podría ser otro de los calificados como “enemigos”: obispos y sacerdotes católicos.
Hace una semana, la Conferencia Episcopal de Nicaragua había exigido evitar que en el país “se institucionalicen la restricción arbitraria e ilegal a las libertades ciudadanas, la persecución contra opositores y medios de comunicación, la persistente situación de injusticia, leyes en detrimento de los derechos humanos, asedio y hostigamientos políticos”.
Esta petición, tanto como la postura de los obispos y de muchos sacerdotes a lo largo de los últimos tres años –desde que estallaron las protestas contra Ortega y su régimen en abril de 2018—no fue bien recibida en Managua. Por lo que se teme que pudieran seguir adelante las detenciones, pero ahora de sacerdotes y obispos aquellos que Ortega incluso ha calificado de “golpistas”.
Las últimas amenazas contra los miembros del clero han sido veladas, pero constantes. Los medios aliados al régimen sandinista han dejado en claro que iban a ir a la cárcel opositores, empresarios y, finalmente, sacerdotes y obispos. “Lo de sotana”, como han sido identificados por comunicadores afines a la reelección de Ortega Saavedra.
Quizá el mensaje que ha dejado en su cuenta de twitter el obispo de Matagalpa, Rolando José Álvarez, pueda ser, al mismo tiempo, un mensaje de ánimo a sus hermanos obispos y sacerdotes y una clara respuesta a la eventual intimidación del régimen, que arrecia a medida que se acercan las elecciones:
"No tengamos miedo a la fuerza del amor. La fuerza del amor es indestructible e invencible".
