Se trata del conflicto de límites territoriales entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, cuyo inicio pudo haber sido durante la colonia española aunque los historiadores lo sitúan en el año de 1862.
En ese año, Manuel Tzcoc, comunitario de Nahualá, inició un proceso de separación de Santa Catarina que ya no ha parado, y la situación se le ha ido de las manos a las autoridades locales y federales de Guatemala.
El problema es la delimitación de un área conocida como El Alto, misma que quedó en medio de los dos municipios. El conflicto se ha exacerbado por dos razones: disputa de tierras y de recursos naturales, y armas puestas en manos de campesinos por grupos criminales.
En 1999 el huracán Mitch reblandeció el terreno donde se encontraba Santa Catarina Ixtahuacán y los habitantes de la zona corrían un enorme peligro. Se recurrió a la refundación de la cabecera municipal, justamente en el área de El Alto.
Los intentos por delimitar ambos municipios han resultado inútiles. De hecho se han extendido a toda la población Maya k’iche de Nahualá y Santa Catarina. Comparten lengua, vestimenta, tradiciones, pero no pueden compartir cercanía.
Nahualá permanece en estado de sitio, ya han muerto por lo menos 13 personas, incluyendo cuatro niños, así como un oficial de policía y cuatro miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) han resultado heridos.
Detrás de los conflictos entre los dos municipios podrían estar grupos criminales, dedicados al narcotráfico y al tráfico de migrantes, al igual que el abandono y la desatención por parte de las autoridades locales y nacionales.
La Iglesia pide que cese la violencia
En su momento, el obispo de Sololá, Gonzalo de Villa (actual arzobispo metropolitano de Santiago de Guatemala) había señalado que el abandono de las autoridades civiles había generado “un sentido de que lo local es algo muy propio y muy soberano”.
Ahora, tras conocerse la escalada de violencia, polarización y conflictividad en y entre los municipios de Nahualá y Sololá, la Conferencia Episcopal de Guatemala emitió un comunicado expresando su “enorme preocupación” por los hechos.
Los obispos condenaron y manifestaron su indignación por el uso de la violencia como método para alcanzar sus propios objetivos. “La violencia sólo engendra más violencia. También hoy, Dios reclama por la sangre inocente derramada”, escribieron los prelados.
Más adelante subrayaron que en la medida en que haya crimen organizado tras los sucesos “debe ser desenmascarado, capturado, enjuiciado y condenado”, pues el poder de fuego de los habitantes de Nahualá tiene, por fuerza, que tener un vínculo con grupos del crimen organizado.
Los obispos hicieron un llamado a todos los pobladores de estos pueblos hermanos y especialmente a sus líderes reconocidos para que busquen medios pacíficos y conforme a la ley para argumentar posiciones o salvaguardar derechos.
“Los hechos violentos vuelven indefendibles las perspectivas de quienes consideran tener razones válidas para defender sus derechos y demandas”, escribieron en su comunicado, pidiendo que haya diálogo y no violencia.
En su momento los prelados se decantaron por que los mecanismos de diálogo sigan siendo los canales fundamentales para la resolución de la problemática que ha generado la polarización y la conflictividad en ambos municipios.
Y finalizaron pidiendo a las autoridades locales no cesar en la búsqueda de las soluciones que desactiven la violencia. “La historia nos enseña que el abandono de los problemas no resuelve los problemas”.
