La voluntad manifiesta de Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa, de actualizar la Carta Europea de los Derechos Fundamentales para incluir en ella el reconocimiento de un derecho al aborto suscita una profunda inquietud entre los obispos europeos. “Desde sus inicios, el proceso de integración europea siempre ha sido apoyado y acompañado de cerca por la Iglesia”, recuerda la Comisión de los episcopados de la Unión Europea (Comece), presidida por el cardenal luxemburgués Jean-Claude Hollerich.
Aunque los obispos europeos están de acuerdo en la importancia de defender y promover los valores de la Unión Europea, insisten en subrayar que “uno de los principales valores es el respeto a la dignidad de cualquier ser humano en cada etapa de su vida, en particular en situaciones de total vulnerabilidad, como es el caso de un niño no nato”.
Una ley “carente de fundamento ético”
Desde un punto de vista jurídico, “no existe ningún derecho al aborto reconocido en el derecho europeo o internacional”, detalla la Comece. “Intentar cambiar esto introduciendo un supuesto derecho al aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE no solamente va en contra de las creencias y valores europeos fundamentales, sino que constituiría una ley injusta, carente de fundamento ético y destinada a ser una causa de conflicto perpetuo entre los ciudadanos de la UE”.
La propuesta del presidente Macron de incluir este supuesto derecho no puede en ningún caso considerarse como un nuevo aliento a nuestro conjunto básico de derechos.
La Comece va un paso más allá y recuerda que “la integración europea siempre debería favorecer y promover el respeto de las diferentes identidades y evitar las imposiciones ideológicas”. En este sentido, “la propuesta del presidente Macron de incluir este supuesto derecho no puede en ningún caso considerarse como un nuevo aliento a nuestro conjunto básico de derechos”, continúan los obispos.
Desde diciembre de 2009 y la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Carta de los Derechos Fundamentales tiene la misma fuerza jurídica que la de los tratados. Por tanto, es vinculante para los Estados miembros y cualquier ciudadano puede invocarla en caso de violación de esos derechos por un texto europeo. Para modificar esta Carta, es necesaria la unanimidad de los Estados miembros.
