A Deborah Yakubo la estaban esperando el 12 de mayo algunos compañeros musulmanes del centro donde estudiaba economía, el Shehu Shagari College of Education, en Sokoto. La lapidaron hasta matarla y quemaron su cuerpo.
Su "delito", según informó UcaNews, era un supuesto comentario en un grupo de WhatsApp contra el profeta Mahoma, que la joven habría enviado durante las vacaciones del Ramadán.
El obispo local, Matthew Kukah, y también el sultán de Sokoto, han llamado a cristianos y musulmanes a la calma mientras las autoridades investigan los hechos. Hasta no hace mucho, subraya el obispo Kukah cristianos y musulmanes convivían pacíficamente en la región.
La bárbara ejecución de la joven se producía sólo un día después de que se confirmara la muerte de un sacerdote, Joseph Aketeh Bako. No se tenían noticias ciertas de su paradero desde el 8 de marzo, día en que fue secuestrado junto con otros dos sacerdotes, por fortuna vivos.
Los obispos denuncian
Tanto el arzobispo de Kaduna, diócesis donde estaba incardinado el padre Bako, como el de Sokoto, no dudan en apuntar al gobierno de Nigeria para exigirle que asuma su responsabilidad.
El domingo de Pascua, monseñor Matthew Ndagoso denunciaba en la homilía, según recoge Ayuda a la Iglesia Necesitada: "No hay voluntad política para abordar los problemas de seguridad en este país. Las fuerzas de seguridad de Nigeria han demostrado que son capaces. Nuestro ejército puede hacerlo. Entonces, que esto esté sucedienco en nuestro país muestra que algo va mal. No tenemos a nadie más que culpar que al gobierno".
Por su parte, monseñor Kukah es una de las voces que más se alzan en el país en defensa de los cristianos, según explica a la agencia Fides Lawrence Emehel, director para el Desarrollo de la diócesis de Sokoto.
"El obispo católico de Sokoto, monseñor Matthew Hassan Kukah, es una de las voces que denuncian los graves riesgos que corre el sistema. Ha hablado con valentía a través de mensajes directos al Presidente de Nigeria, y sus intervenciones han provocado un amplio debate", asegura Emehel.
"La respuesta del Gobierno a esta situación – señala – es sin duda deficiente. No ha utilizado plenamente los recursos para reforzar la intelligence, contener el problema y buscar soluciones reales. La responsabilidad constitucional del gobierno es proteger la seguridad de la vida y los bienes de los ciudadanos".
