“Nosotros no hemos cometido ningún delito, somos inocentes. Estamos ejerciendo un derecho constitucional y estamos acompañando a las víctimas para que en nuestro país haya acceso a la justicia”, dijo el padre Alfredo Infante, jesuita y director del Centro Gumilla de Caracas (Venezuela), el 19 de mayo, durante una rueda de prensa.
El sacerdote estuvo acompañado de Marino Alvarado, coordinador exigibilidad de PROVEA, programa de educación acción en derechos humanos. Han sido acusados por el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, de la presunta “comisión de delitos agravados continuada”. Ello supondría un juicio que los podría llevar a la cárcel.
Infante explicó a Aleteia que Lupa por la Vida es una alianza entre el Centro Gumilla (Centro de Investigación y Acción Social de los Jesuitas en Venezuela) y la ONG PROVEA. Monitorea a nivel nacional las violaciones al derecho a la vida, focalizada en las ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
Lupa por la Vida presentó el 14 de marzo pasado el Informe del año 2021.
Infante y Alvarado denunciaron la ocurrencia de 1.141 ejecuciones extrajudiciales en el país. Carabobo fue el segundo estado del país más letal, con 221 presuntas ejecuciones extrajudiciales. De ellas, 132 son responsabilidad de la policía de Carabobo.
La respuesta del gobernador
Los activistas de los derechos humanos exigieron al Ministerio Público y otras autoridades de Venezuela iniciar una investigación contra el gobernador Rafael Lacava por su presunta responsabilidad como parte de la cadena de mando de Poli Carabobo.
Pero en Venezuela, cada acción judicial solicitada a funcionarios del gobierno socialista y sus allegados, se vuelve en contra de los solicitantes. Es como si el contenido del libro “Patas arriba, la escuela del mundo al revés”, del uruguayo Eduardo Galeno, se hiciera realidad una vez más. Ahora los voceros de Lupa por la Vida son los demandados.
En razón de ello, este 19 de mayo, Alfredo Infante y Marino Alvarado, acompañados del abogado Joel García y varias organizaciones que agrupan a familiares de víctimas de la violencia extrajudicial, reafirmaron el Informe de Lupa por la Vida.
“Estamos del lado de las víctimas y sus familiares, esa es nuestra parcialidad”, adelantó el padre Infante en un escrito enviado a Aleteia. “No pretendemos otra cosa que defender el derecho a la vida y restablecer el Estado de derecho en nuestro país, para que haya verdad, justicia, reparación, para la no repetición”, ratificó.
“Muy especialmente quiero agradecer a los familiares de las víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales, quienes, desde distintos puntos de la geografía nacional, con sus palabras, oraciones y mensajes de aliento, nos han dado un espaldarazo, el más importante para nosotros por nuestra misión en defensa del derecho a la vida”, dijo.
Las precisiones del informe
El padre Infante fue el responsable de hacer públicamente algunas precisiones y, además, de plantear la perspectiva de lo contenido en el informe.
Primero destacó, que el informe no es una campaña contra ningún gobernador sino a favor de la vida. “Nuestro informe es nacional, no está focalizado en el estado Carabobo. Es un informe nacional, geo referencial, donde se evidencia que en el año 2021 hubo en el país 1414 presuntas ejecuciones extrajudiciales”.
De ese marco, ratificó lo siguiente: “Se evidencia que entre las policías regionales, la policía del estado Carabobo fue la más letal con 221 presuntas ejecuciones extrajudiciales. Por primera vez, se superan los indicadores del estado Zulia”.
En segundo lugar, dijo Infante: “Hemos insistido que se debe hacer una investigación para que los familiares de las víctimas conozcan la verdad, haya justicia y reparación y se detenga el círculo de impunidad. Pedimos investigación de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, no sólo en el estado Carabobo, sino en todo el país”.
Como tercer aspecto están convencidos que pedir investigación ante presuntas ejecuciones extrajudiciales es un derecho y un deber ciudadano amparado por la Constitución. “No es un delito. La investigación no debe ser solo para identificar a los ejecutores de los hechos, sino también, a la cadena de mando”.
Aclaró que en las gobernaciones de Venezuela, según la ley de Policía, los gobernadores son el último eslabón. “En una investigación imparcial se probaría, para salud de la institución y la justicia para las víctimas. Es necesario identificar si hubo o no ejecución y, si tal ejecución fue un hecho aislado o es parte de una política de Estado. Investigar las cadenas de mando es importante”, acotó el jesuita.
¿Por qué criminalizan a los jóvenes de los barrios?
En el cuarto punto el padre Infante alerta de los prejuicios existentes en los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, especialmente contra los sectores menos favorecidos.
Pidió “detener los ciclos de impunidad y la criminalización de los sectores populares, pues, casi el 100 por ciento de las víctimas son jóvenes, varones, de sectores populares”.
“En Venezuela está instalado un imaginario que criminaliza a los jóvenes de nuestros barrios, pareciera que, para los planes de seguridad del Estado, ser joven, varón, de origen popular es equivalente a delincuente. Esto es injusto”, denunció.
Abiertos al diálogo y cooperación
Durante la rueda de prensa el padre Infante envió un mensaje a Lacava: “Consideramos que la respuesta adecuada de cualquier gobernante debe ser agradecer y proceder a una investigación, para fortalecer la institución y, garantizar así el derecho a la vida”.
“Quiero dejar claro que no tenemos nada personal contra el gobernador Lacava, lo único que hemos hecho ha sido visibilizar los resultados de nuestro monitoreo”.
En su condición de hombre de fe, dijo: “Me mueve la reverencia por la vida, y, el sagrado mandamiento de 'No Matar'. Mientras existan estás amenazas contra la vida, la Iglesia mantendrá su voz y acción a favor de las víctimas y de restablecer el estado de derecho”.
Los defensores de los derechos humanos recomendaron al gobernador que en vez de tomar medidas contra quienes buscan defender la vida, presione a la Fiscalía para que abra una investigación sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales. “Si, así lo hiciera, estaría sentando un precedente importante en materia de derechos humanos”.
El gobierno es asunto de temer
El padre Alfredo Infante, titular de la parroquia “San Alberto Hurtado y Beato José Gregorio Hernández”, en la parte alta de “La Vega” de Caracas, recordó que ha denunciado en varias ocasiones la “Masacre de La Vega”, un hecho ocurrido el 8 de enero de 2021, en el que 23 personas cayeron abatidas por los cuerpos de seguridad.
También ha acompañado las justas protestas de sus vecinos en reclamo por los servicios sociales. Es decir, su trabajo pastoral y evangelizador siempre ha estado vinculado a los más necesitados, como ha reseñado Aleteia en diversas ocasiones.
De manera que esta demanda en contra del párroco jesuita y Marino Alvarado, no fuera de temer si sobre los defensores de los derechos humanos, en Venezuela, no se gestaran y concretaran serias amenazas. Algunos están detenidos -como es el caso de Javier Tarazona- por quien la iglesia ha exigido su libertad.
Además, en la Asamblea Nacional de amplia mayoría identificada con el gobierno socialista de Nicolás Maduro, se discute un proyecto de Ley de Anticooperación Internacional contra ONG, asociaciones, universidades y otras.
