La persecución, el acoso y el derribo del gobierno de Nicaragua, encabezado por el exguerrillero Daniel Ortega Saavedra, parece no tener fin. Los actos de hostigamiento se suceden de semana en semana y ahora han tocado al Canal 51 de Televisión que se transmitía a través de la empresa mexicana Claro Video y cuya propiedad y contenidos pertenecían a la Conferencia Episcopal de Nicaragua.
La orden de eliminación de la parrilla del Canal 51 fue ejecutada por el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), al servicio del régimen sandinista (como, prácticamente todas las instancias oficiales) y anunciada, mediante un escueto comunicado, a los usuarios del canal por parte de la empresa de televisión por cable que pertenece a América Móvil del mexicano Carlos Slim.
La decisión de retirar del aire el Canal 51 la tomó Ortega tras la denuncia de parte del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quien inició el pasado fin de semana una jornada de ayuno y oración indefinida. Esto tras denunciar ser víctima de persecuciones y hostigamientos continuos por parte de la policía nicaragüense.
El obispo Álvarez, además de estar al cargo de su diócesis, es administrador de la diócesis de Estelí y encargado de la CEN del área de Comunicación, por lo que estaba bajo su responsabilidad el Canal 51.
En días previos, desde la parroquia del Santo Cristo de Las Colinas, el obispo Álvarez dijo que había sido perseguido durante toda una jornada “por la policía sandinista, desde la mañana hasta esta hora de la noche. En todo momento, durante todos mis movimientos del día”. Y en la noche, en casa de su sobrina, fue a preguntarle a los oficiales el porqué de la persecución. “Me han informado –dijo Álvarez—que ellos obedecen órdenes”.
"Ortega quiere una Iglesia muda"
El obispo de Matagalpa ha sido una de las voces más críticas del régimen sandinista. Ya también una de las más hostigadas por el aparato policiaco y por los grupos paramilitares que operan al servicio del presidente Ortega. De hecho, al conocer el cierre del Canal 51, en lo que los medios en Nicaragua calificaron como “una improvisada rueda de prensa”, el obispo Álvarez denunció que “Ortega quiere una Iglesia muda”.
"Lo que pienso es que no solo de mí, sino que en general de los pastores de la iglesia", lo que el Gobierno quiere "es una Iglesia muda, que no anuncie la esperanza del pueblo (...) y la denuncia del pecado personal y de las estructuras de injusticia", subrayó Álvarez, ahora desde el templo del Santo Cristo de Esquipulas, en la periferia de la capital, Managua.
Por lo demás, el prelado nicaragüense, quien en su denuncia previa había reconocido que la Policía y el Gobierno de su país habían ido ya demasiado lejos y entrado en el círculo de privacidad familiar, "poniendo en riesgo la seguridad de mi familia", al enterarse del cierre del Canal 51 insistió en que si el Gobierno pretende silenciar a la Iglesia “las piedras gritarían”.
Acordonamiento policial
La improvisada rueda de prensa -en la que muy pocos medios pudieron colarse— terminó con el acordonamiento policial del templo del Santo Cristo de Esquipulas y con el desalojo de los periodistas y de los fieles que apoyan la moción del obispo Álvarez. El ayuno al que se someterá el prelado será a base de agua y suero y terminará cuando haya garantías constitucionales por parte del Gobierno de que su familia no verá invadida su privacidad y su libertad.
El obispo de Matagalpa, como tantos otros obispos y sacerdotes de Nicaragua, han sido víctimas de hostigamiento y descalificación por parte de Ortega y de su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo, desde que iniciaron las protestas en abril de 2018 y que han dejado un número cercano a 500 muertes y más de 100,000 nicaragüenses en el exilio, así como más de 100 prisioneros políticos, entre ellos, varios excandidatos a suceder a Ortega en la presidencia.
En tanto, en las últimas desde la Conferencia Episcopal de Nicaragua se difundió un comunicado en el que expresa "solidaridad y cercanía" para con Álvarez.
