Organizaciones católicas piensan que se violan derechos fundamentales al crearse una Comisión independiente con el encargo de elaborar un Informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. Consideran que es discriminatorio porque “en España hay abusos sexuales en todo tipo de ámbitos”.
Los colectivos E-Cristinas y One of US muestran la siguiente argumentación: “Si el Congreso hubiera acordado que el Defensor del Pueblo investigara los robos con violencia sólo en ámbitos gitanos, o de inmigración eslava, o latina, o de cualquier otro grupo social, ¿no señalaría todo el mundo, con razón, que sería una discriminación al relacionar un grave delito con un único colectivo específico? Pero es lo que se hace con la Iglesia convertida en chivo expiatorio, mientras se mantiene fuera de foco el 99,5% de los casos”.
En la argumentación presentada, además explican que “este acuerdo del Congreso vulnera el derecho a no ser discriminado (artículo 14 de la Constitución) y vulnera el artículo 9.3 que impide a los poderes públicos tomar decisiones arbitrarias (es decir, sin razón explícita y suficiente).
Además, señalan que, legalmente, el Defensor del Pueblo existe para investigar a las administraciones, pero la Iglesia católica no es parte de la administración. Por lo tanto, queda fuera de los fines que recoge la ley que regula esta institución”.
Un dictamen jurídico señala la discriminación
E-Cristians y One of Us basan su argumentación en el dictamen de su grupo jurídico, que ha sido dirigido en esta ocasión por el abogado del estado en excedencia y antiguo miembro del Consejo de Estado, Manuel Silva.
La asociación E-Cristians ya pidió por escrito en su momento al Defensor del Pueblo que no aceptara el encargo (el Defensor no tiene ninguna obligación legal de aceptar encargos del Parlamento ni las Administraciones) y le pidió substituirlo por una iniciativa propia que defienda el derecho a la no discriminación de los católicos.
