“Cerocahui (misión de la Sierra Tarahumara, donde mataron a dos sacerdotes jesuitas hace un par de semanas) es un espejo de lo que sucede en muchas partes de la República, una tragedia que va más allá del narco: la tragedia del crimen dueño de su sociedad, ante la omisión del Estado”, escribió en su columna el viernes pasado el escritor y periodista mexicano Héctor Aguilar-Camín.
El diagnóstico es cierto: los especialistas en temas de seguridad nacional han dicho que cerca de 35% del territorio mexicano está en manos del crimen. Esto ya sea de narcotraficantes o de grupos delictivos, lo cual hace que en muchos sitios, como en la Sierra Tarahumara, actúen a sus anchas, bajo un paraguas de impunidad que, poco a poco, va ganando terreno en el país.
Y a esto no es ajena, ni de lejos, la Iglesia católica. El arzobispo de Guadalajara, cardenal Francisco Robles Ortega, afirmó que todas las iglesias que están en la zona norte de Jalisco (Estado en el que se encuentra la arquidiócesis de Guadalajara) están amenazadas por el crimen organizado y a todas se les exige que paguen un “derecho de piso”, como el que “cobran” los delincuentes para “dejar trabajar” a miles de pequeños empresarios mexicanos.
Sacerdotes y obispos tienen que pedir permiso
La mecha encendida por las palabras del cardenal Robles Ortega ha llegado hasta la presidencia de la República, y el primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no lo sabía. “No tengo reportes, no tenía reportes, hay que tener cuidado, puede no ser cierto o puede no ser un asunto generalizado, todos los días estoy aquí y recorro el país y es la primera vez que lo escucho”.
En entrevista con el Grupo Milenio, el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el obispo de Cuernavaca Ramón Castro y Castro, dijo que un hombre como el cardenal Robles, dos veces presidente de la CEM “no puede más que decir la verdad”. Y agregó: “El hecho de que él lo haya dicho no es más que un reflejo de una situación límite, una situación que lo está ahogando”.
Castro y Castro resaltó que la Iglesia católica en México lleva un registro de estas situaciones “y de otras muchas más complejas” (no especificó, seguramente por prudencia, cuáles eran estas situaciones) que se pueden ver en estados como Guerrero, Michoacán y Tamaulipas y en otras regiones del país. “Es algo que es pan cotidiano”, dijo en la entrevista el obispo de Cuernavaca.
Y agregó: “Hay lugares en el país en los que el párroco o el obispo tiene que pedir permiso al crimen organizado para poder circular libremente, o situaciones de pueblos que han tenido que trasladarse completamente a otros sitios por miedo, situaciones que no se saben, que no se denuncian”.
Retenes por todos lados
Por su parte, el cardenal Robles fue muy claro al señalar que en el norte de Jalisco, para poder realizar las fiestas patronales “las parroquias tienen que obtener la autorización del jefe de la plaza”. No el jefe o autoridad civil, como debería ser el caso, sino por el jefe del grupo criminal que “controla” la plaza. Obviamente, la “autorización” la dan siempre y cuando la parroquia se comprometa con ellos a entregarles el 50 por ciento de lo recaudado en las festividades.
La semana anterior a este pronunciamiento, el cardenal Robles fue detenido por los muchos retenes que tienen los grupos de delincuentes en el país. Al prelado mexicano le hicieron la parada en dos ocasiones --en los límites de los estados de Jalisco y Zacatecas—por grupos de hombres armados. Lo mismo había pasado con el obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, en días previos.
“Le exigen a uno (los delincuentes) decir de dónde viene, a dónde va, a qué se dedica, qué hace, o sea, eso ya es como lo más normal y lo más natural”, dijo el cardenal Robles en una rueda de prensa. Apuntó que hay retenes establecidos en varios municipios de Jalisco y Zacatecas, y aunque los conocen, “ninguna autoridad hace algo para quitarlos”.
No hay de otra
A los dichos del cardenal Robles se sumó el vocero de la arquidiócesis de Guadalajara, Antonio Gutiérrez Montaño, quien fue más lejos y señaló que en esa región del norte de Jalisco, no solo se cobra “derecho de piso” en las fiestas patronales, sino que en algunos templos los sacerdotes tienen que pagarle a los grupos delictivos para poder ejercer su ministerio.
"Se ha llegado a un acuerdo que legalmente no es lo ideal, sin embargo, por un bien superior, que es la vida de los sacerdotes y la vida de muchos integrantes de la comunidad, sí se da y se ha llegado a estos acuerdos". Desde luego, no es lo mejor, pero ante la prepotencia que poseen estos grupos en el país, y “mientras no haya otra opción mejor, no se puede dar de otra forma".
“No hay de otra”, podemos resumir las declaraciones de Gutiérrez, quien asume el desánimo de millones de mexicanos que están bajo el terror y la impunidad.
