La lucha de bandas de delincuentes para hacerse de algunos barrios de la capital de Haití, Puerto Príncipe, ha dejado un reguero de muertos y una población civil en desbandada
Un día después del primer aniversario del asesinato del entonces presidente Jovenal Moïse (7 de julio de 2021) la violencia ha vuelto a encenderse, principalmente entre las dos bandas rivales que se disputan el control de barrios y comunas como Cité Soleil: las pandillas G9 y GPEP.
Los tiroteos, los saqueos y los secuestros de estos últimos siete días han recrudecido la enorme crisis humanitaria que padece Haití, catapultada desde 2010 por desastres naturales, por la corrupción gubernamental y por la violencia extrema entre grupos de delincuentes.
Según el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, la mitad de la población, unas 4.5 millones de personas, están padeciendo hambre. Los tiroteos se han recrudecido en la zona del puerto de la capital, donde vive la población más pobre.
Los que han podido salir de Puerto Príncipe, unas 36,000 personas, han tenido que abandonar lo poco que poseían en busca de un destino incierto, sobre todo porque los delincuentes lo controlan todo: carreteras, áreas urbanas, terminales de combustibles…
Además, como es el caso de Cité Soleil, una comunidad muy pobre en el extrarradio de Puerto Príncipe en donde la población lleva una semana sin poder salir de sus casas, los delincuentes controlan la ayuda humanitaria que llega a cuentagotas del exterior.
Lo mismo sucede con el control de carreteras. La ayuda humanitaria, mucha de ella conseguida por grupos religiosos y la Iglesia católica, no llega a zonas devastadas por ciclones y terremotos; zonas como Les Cayes (al sur) que dependen básicamente de esa ayuda.
Aunado a la inflación, la carencia de combustibles, de alimentos, medicinas, agua potable y la violencia, otra enorme desgracia de Haití es que no tiene gobierno ni una policía que proteja a la población de los desmanes de las bandas criminales.
La palabra de los obispos no ha caído en terreno fértil
Actualmente, el gobierno interino que encabeza el primer ministro Ariel Henry vive una crisis de legitimidad. Tanto así que a inicios de este año 2022 se le quiso vincular con el asesinato de Moïse. Hay muchos grupos que quieren echarlo abajo. Y mientras tanto, nada funciona en el gobierno haitiano.
Pero no es solo el Gobierno lo que está paralizado; también lo es el sistema de Justicia del país: abogados y jueces no pueden acudir al juzgado de Puerto Príncipe porque se encuentra en una zona controlada por las bandas criminales.
Los obispos agrupados en la Conferencia de Obispos Católicos de Haití (con una población cercana a los 7.5 millones de católicos) han denunciado, una y otra vez, “el descenso al infierno” de la población haitiana.
De hecho, en una de sus últimas cartas, los prelados haitianos lanzaron un llamamiento a la comunidad internacional y a los políticos locales para que encuentren soluciones al caos institucional, económico y social que asola el país desde hace años.
“Compartimos, escribieron, el dolor de quienes son víctimas de secuestros, violaciones y violencias de todo tipo, encomendando a la misericordia de Dios las almas de los inocentes que han caído bajo los golpes de los grupos armados”.
E hicieron este llamado que, por desgracia, no ha caído en terreno fértil: “Con toda nuestra fuerza condenamos estos actos fratricidas. Exigimos que se restablezca la verdad, el orden y la justicia junto con la autoridad del Estado”.
