A tres meses del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la misión de Cerocahui, en la sierra Tarahumara y ante las recientes filtraciones de un grupo de hackers denominado “Guacamaya” que desnudan el trabajo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús difundió un comunicado en el que define su posición ante los diversos documentos militares que hacen referencia a la labor del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y a los hechos de Cerocahui.
En principio de cuentas, los jesuitas respaldaron el trabajo que por casi 34 años ha realizado el Centro Prodh. Rechazaron que, en documentos castrenses, se le clasifique como “grupo de presión” y lamentaron que las declaraciones públicas de los integrantes del Centro sean objeto de monitoreo intensivo, lo mismo que las declaraciones de las víctimas a las que acompañan.
“Recordamos que el trabajo civil de defensa de derechos humanos y el acompañamiento a víctimas es fundamental para la consolidación del Estado de Derecho y la Democracia en nuestro país”, aseguraron los jesuitas ante documentos de la Sedena en que proponen que el centro jesuita que lleva el nombre del beato Miguel Agustín Pro Juárez sea considerado como un foco subversivo.
Pero si ese señalamiento –producto de las filtraciones del grupo de activistas hackers—resulta indignante para los jesuitas, más lo es el contenido de los documentos militares relacionados con el caso de Cerocahui que se han hecho públicos.
El ejército conocía el modo de operar del capo criminal "El Chueco"
“De acuerdo con la información difundida en medios, estos indicarían que el Estado mexicano identificó, con antelación, las actividades delictivas en la sierra Tarahumara de quien a la postre perpetraría el homicidio de nuestros hermanos Joaquín Mora y Javier Campos, mismo que a más de cien días sigue impune”, lamentó el comunicado de los jesuitas de México.
Cabe destacar que el ejército mexicano (siempre según los documentos filtrados) conocía por lo menos con dos años de anticipación a los asesinatos de los padres jesuitas Campos y Mora el modo de operar del capo criminal José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”, quien es el principal sospechoso de haber acabado con la vida de los sacerdotes y de un guía de turistas de la zona.
Por ello, más adelante señalan que de haberse actuado en consecuencia, la tragedia “probablemente se hubiera evitado”. Adicionalmente, expresaron su preocupación porque en los documentos militares emitidos en los días posteriores a los asesinatos, “se especifican instrucciones para monitorear las declaraciones públicas de las autoridades eclesiásticas presentes en la zona, con el fin de evaluar si eran críticas contra el actual gobierno”.
Exigen de paz y justicia
A la comunidad jesuita de México –y a la Iglesia católica en su conjunto—le parece “muy grave y preocupante” que la inteligencia militar “no se haya concentrado en localizar al perpetrador de los asesinatos, hasta hoy prófugo, y sí en monitorear los pronunciamientos públicos de los sacerdotes”.
Por ello, los jesuitas en México siguen exigiendo paz y justicia. “Damos testimonio de la labor legítima de nuestra obra social, Centro Prodh, quien ha contribuido –como invita al Papa Francisco– ‘con coraje y determinación’ en la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos”.
El mensaje que ha corrido por las redes sociales de todo el país termina diciendo que la Compañía de Jesús (que llegó de nueva cuenta, tras su expulsión en 1767 a la sierra Tarahumara desde el 12 de octubre del año 1900) continuará haciendo oír su voz, “siempre tan respetuosa como firme, para impulsar la reconciliación del país”.
