Como en tantas otras instancias "sobre el papel, México tiene en la actualidad uno de los sistemas de protección de niños, niñas y adolescentes migrantes más vanguardista y garantista de derechos humanos de América Latina y el mundo", dice Animal Político.
Pero, en la práctica sucede todo lo contrario. Según las leyes migratorias mexicanas los niños no pueden ser detenidos; tampoco pueden ser detenidos sus familias ni retenidos en estaciones migratorias "que son cárceles de facto".
Deben ser albergados en Centros de Asistencia Social del gobierno federal o en albergues de la sociedad civil, la mayor parte de ellos albergues gestionados por las diócesis y grupos religiosos de México. Y son las procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes los que deciden si el menor es deportado o no a su país de origen.
La reforma indica que las procuradurías deben analizar cada caso y determinar qué es lo mejor para los menores migrantes: remitirlos a la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, reunificarlos con sus familiares (en México y en Estados Unidos) o regresarlos a su país si no corre peligro su vida.
Sin embargo, documentación obtenida por Animal Político mediante más de 200 solicitudes de información "revela que, en la práctica, muy pocos niños, niñas, y jóvenes están pasando por este nuevo sistema de protección, y que, incluso, se está violando la Ley para deportarlos a los contextos de violencia extrema y pobreza de los que salieron huyendo".
Desde enero de 2021 hasta mayo de 2022 fueron 98,671 los menores migrantes indocumentados canalizados al sistema federal por el Instituto Nacional de Migración INM). En teoría, deberían existir igual número de análisis individuales de las procuradurías, con sus respectivas restituciones de derechos.
Políticas contra la seguridad de los menores
Pero, una vez más, la realidad es otra. De acuerdo a documentos obtenidos por Animal Político, tan solo se han realizado 19,067 planes de restitución de derechos, es decir, que se analizaron sólo un 19 por ciento de los casos de niñez detenida por el INM.
Hay estados como el de Baja California donde se registraron 15,498 detenciones de menores y tan solo se llevaron a cabo 117 planes de restitución por parte de la procuraduría de esa entidad, esto es, el 0.7% de los casos.
Con respecto a ese 19 por ciento de los casos analizados, las procuradurías decidieron que para el 55 por ciento de los menores migrantes, "lo mejor" era deportarlos a sus países de origen.
Es aquí donde viene la contradicción y el doble discurso de las autoridades mexicanas, pues muchos de estos menores devueltos a sus países de origen son hondureños, y Honduras presentó en 2017 (las cosas no han cambiado mucho) la tasa más alta del mundo de asesinatos de población infantil.
Muy pocos de los casos analizados por las procuradurías (uno de cada diez) fueron enviados con sus familiares en México y en ninguno de los 19,000 casos se decidió que "el bien superior" del menor de edad migrante se reuniera con sus familiares en Estados Unidos.
Esta política de deportación de menores de edad fue analizada en Honduras por Animal Político. En ese país documentó casos como el de Alexander, de 15 años, que huyó tras ser amenazado de muerte por Barrio 18, una de las pandillas transnacionales más peligrosas del mundo.
"Pese a que su vida y las de sus familiares corren peligro, las autoridades mexicanas lo regresaron a la misma colonia de Tegucigalpa de la que huyó, y ahora vive a escondidas de la pandilla. `México me quitó la oportunidad de cambiar mi vida", lamentó Alexander.
