Después de un juicio que apenas si llevó cuatro días, tres sacerdotes nicaragüenses, un diácono, dos seminaristas y un camarógrafo fueron encontrados culpables y podrían alcanzar una pena de hasta diez años de cárcel (fue lo que le pidió Ortega a la Fiscalía) por el delito de conspiración contra el Estado.
Los inculpados fueron detenidos el 19 de agosto de 2022, junto con el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien sigue detenido y enfrenta un juicio por el mismo cargo, agravado, según la Fiscalía, por distribuir noticias falsas y atentar contra la integridad del Estado nicaragüense.
No obstante la insistencia de organismos internacionales y locales, de defensores de los derechos humanos y de la sociedad nicaragüense en su conjunto (una reciente encuesta de Gallup mostró cómo más del 60 por ciento de los ciudadanos desaprueban al régimen de Ortega), la andanada contra la Iglesia sigue su curso.
La declaratoria de culpabilidad de los acusados se dictó el día de ayer, jueves 26 de junio, y marca el camino que seguramente seguirá el gobierno sandinista en contra de los demás sacerdotes encarcelados o arraigados, como es el caso del obispo Álvarez.
Culpables de "conspiración"
Las acusaciones –con poco o nulo sustento jurídico—hablan de "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad", según se desprende del comunicado de la Unidad de Defensa Jurídica que defiende a los religiosos, a los seminaristas y al camarógrafo.
La jueza Nadia Camila Tardencilla, titular del Juzgado Segundo Distrito de los Penal de Managua, encontró culpables a los sacerdotes Ramiro Tijerino, rector de la Universidad Juan Pablo II y encargado de la parroquia San Juan Bautista; José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, primer y segundo vicario de la catedral Matagalpa de San Pedro, respectivamente, y al diácono Raúl Vega González.
Los seminaristas son Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno, y el camarógrafo es Sergio Cárdenas. Para todos ellos la Fiscalía pide diez años de cárcel y 800 días de multa.
La lectura de la sentencia será el próximo 3 de febrero. La indefensión de estos ministros de la Iglesia, junto con los aspirantes al sacerdocio y el camarógrafo Cárdenas, es patente. Y patética.