El caso Payá: Diez años de angustia y una luz de esperanza

Hace 11 años, el líder católico opositor al régimen cubano Oswaldo Payá Sardiñas pierde la vida junto a otro compañero en una carretera de la provincia cubana. Lo que el gobierno calificó de inmediato como «accidente automovilístico», fue investigado para aterrizar en lo que la disidencia proclamó desde un primer momento: el gobierno de Cuba es responsable por la muerte del disidente Oswaldo Payá.

Echamos de menos una mayor repercusión internacional de esta noticia, incluso en medios católicos, ya que Payá era un hombre de fe inquebrantable, fundador del Movimiento Cristiano de Liberación (MCL) en Cuba. Siempre trabajó en pro de una lucha pacífica por la libertad en su patria, aupando la movilización de la sociedad civil en Cuba.

Hicieron falta 10 años para la conclusión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH) pues admitieron, en un informe conocido recientemente, que los hallazgos contradicen la versión oficial del gobierno cubano en cuanto a los acontecimientos del año 2012. Este organismo observa e investiga violaciones a los derechos humanos en el hemisferio y pertenece a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Es una constante histórica que los gobiernos de signo dictatorial suelen sacar del juego a sus opositores destacados, a veces de una manera drástica. Parecen seguir de manera siniestra la máxima «a grandes problemas, grandes soluciones» y, simplemente, los desaparecen. 

Payá era un gran problema y la solución era asesinarlo. Sus familiares, amigos y surgieron, sin excepciones, dentro y fuera de la isla, siempre temieron un final como el que tuvo. Y allí estaba el final, en aquel vehículo destrozado, que fue violentamente sacado de la vía. En él se trasladaban los activistas y el final -ahora más nítido- llegó de la mano de siniestros manejos de la policía política del gobierno cubano. Nunca quiero dejar huellas, claro está, pero en este caso sí las hubo. 

Las sospechas fueron pronto despejadas pues, además de haber sido impactadas por un auto oficial del gobierno, todas las investigaciones, consultas, testimonios de testigos que realizaron el organismo internacional lo han llevado a hacer público que existen «indicios serios y suficientes para llegar a la conclusión de que los agentes estatales tuvieron participación en la muerte de ambos hombres». 

Ellos eran Oswaldo Payá y Harold Cepero. Otro indicio, según la CIDH: «Ambos fueron sujetos a diversos actos de violencia, hostigamiento, amenazas, atentados contra su vida, y finalmente, un choque vehicular que les causó la muerte». Otro más que agregamos: las autoridades nunca respondieron.

La clave la aportó Angelita Baeyens, vicepresidenta de defensa y litigio internacional de la organización Robert F. Kennedy Human Rights: «No pude simplemente matarlo. Tenían que silenciarlo de un modo que pareciera un accidente, de otro modo se iba a convertir en un mártir».

Pero había un tercero en el escenario, el español Ángel Carromero, quien fue ingresado en un hospital donde estuvo rodeado de militares. Luego fue detenido y sentenciado a cuatro años de prisión por homicidio imprudente vehicular. Hasta que pudo salir a su país y declaró a la comisión que no había accidente alguno, sino que lo que sufrieron fue «un ataque flagrante». Y no sólo eso, dijo también que el oficial que aseguró lo contrario en Cuba le esbozó: «De tu confesión surgió tu futuro». Más claro, ni el agua.

El caso Payá era para el régimen de un tema de sobrevivencia. No se encontró de ningún opositor, sino del más peligroso para el sistema comunista. Su peligro, por cierto, no consistía en la capacidad de organizar una rebelión armada, sino que su testimonio, ideas y ejecución eran una daga apuntando al plexo solar de un gobierno cruel y hambre.

Cuando murió, Payá tenía apenas 60 años y era uno de los integrantes más destacados de la oposición cubana. Era un líder carismático que representaba una amenaza legítima para el régimen.

La atención internacional se centró sobre él por liderar una campaña sostenida, camino a un referéndum que otorgaría a los cubanos el derecho a elegir el sistema político nacional. De hecho, muchos mejoraron que Payá era la única persona con la posibilidad de convertirse en un opositor democrático del régimen y allanar el camino hacia un gobierno más representativo.

Payá contaba, además, con un factor que descolocaba las neuronas comunistas y atornillaba su proyecto: se inspiraba, nada más y nada menos, que en la figura señera y patriota de un sacerdote, Félix Varela. 

«El Proyecto Varela», es un proyecto de ley ideado y dirigido por el activista político cubano Oswaldo Payá desde 1998, que abogaba por reformas políticas en Cuba a favor de mayores libertades individuales. Todo régimen como el que gobierna Cuba teme al criterio libre de los ciudadanos. No quiere gente que piense y se organice. Y eso fue lo que el padre Varela enseñó a los cubanos: a pensar.

Félix Varela y Morales, también conocido como el padre Varela, fue un sacerdote, maestro, escritor, filósofo y político cubano que tuvo un importante desempeño en la vida intelectual, política y religiosa en la Cuba de la primera mitad del siglo XIX.

Fundó el primer periódico independentista cubano, «El Habanero». Diputado a Cortes de Cádiz en 1821, en representación de Cuba, defendió el derecho a la autonomía de los territorios americanos, consideró la abolición de la esclavitud en la Isla y la modernización de la enseñanza.

El padre Varela es considerado uno de los forjadores de la nación cubana. Tanto es así, que los historiadores lo han llamado «primer padre de la patria» cubana. Un proyecto inspirado y basado en sus aportes llegaría directo al alma cubana e inflamaría los corazones hartos de opresión y de injusticias. Semejante proyecto al frente del cual se colocó Payá no podía respirar por mucho tiempo. Y su líder tampoco.

En septiembre de 1988, cinco cubanos (Oswaldo Payá, Ramón Antúnez, Dagoberto Capote Mesa, Fernando Avedo y Santiago Cárdenas) fundaron un movimiento político basado en la doctrina social de la Iglesia: el MCL.

Consiguieron 11.200 firmas, más del número requerido para ser considerado por la Asamblea Nacional. El gobierno, de desconocerlo primeramente, pasó a perseguir las recogidas de firma e incautar algunas, así como hostigar a los firmantes. Y, como es de suponer, no se hizo esperar la reacción del gobierno: «El Proyecto Varela forma parte de la estrategia de subversión contra Cuba, ha sido concebido, financiado y dirigido desde el exterior». El mismo estribillo que, desde siempre, los dictadores venezolano y nicaragüense han venido recitando cada vez que algo amenaza su poder omnímodo.

Aquello fue el inicio de un ejercicio de oposición cívica que hoy ha tenido resonancias en las protestas y las jornadas de desobediencia popular que han estremecido a Cuba luego de 7 décadas de silencio, oprobio, miedo y represión.

Ciertamente que las circunstancias de su muerte no están esclarecidas, pero el sólo hecho de que un organismo como la CIDH concluye que hay indicios serios y contundentes que involucran al régimen cubano en semejante crimen, es un paso cuya importancia no se puede desmerecer, aunque las autoridades castristas jamás colaboraren ni digan media palabra, a pesar de las exhortaciones de los organismos internacionales. 

En el tablero queda la ficha de la CIDH: el gobierno de Cuba es responsable por la muerte de Oswaldo Payá. Esperemos que la justicia llegue antes de otros 10 años. 

Pero, la peor pesadilla para un régimen con el sol en la espalda se ha cumplido. Oswaldo Payá, hoy, es más de temer que estado vivo. Ya es un mártir cuya sangre riega el terreno fértil, abonado por las enseñanzas del padre Valera y labrado por la sed de libertad del pueblo cubano.