De cara a las elecciones del domingo 7 de noviembre, Ortega ha decidido encarcelar a la oposición (toda la oposición) y adjetivar, de manera inmisericorde, a la Iglesia católica (especialmente los obispos). Ambos grupos, según él, son "terroristas" y "aliados de los yanquis".
Con sus 75 años a cuestas (76 cumplidos cuando se celebren las elecciones), el ex combatiente sandinista estaría buscando seguir en el poder, mismo que no suelta desde 2007 y que, a juzgar por sus últimas declaraciones, no tiene intención de soltar.
En los años setenta del siglo pasado se alzó en contra de la dictadura de los Somoza y ahora, según especialistas en Nicaragua, se ha convertido en un dictador tan parecido a los Somoza que solamente la ideología los distingue. Pero los hechos los igualan.
Desde finales del mes de mayor de este año, con la detención de Cristiana Chamorro Barrios, lo que los críticos del presidente Ortega llaman “la cacería de opositores” no ha cesado. Con Cristiana son 37 los que se encuentran detenidos, algunos aislados, otros en la cárcel.
Las acusaciones son, casi siempre, las mismas: lavado de dinero, traición a la patria, defraudación fiscal, etcétera. Detenciones que, en muchos casos, no cumplen las normas elementales de un Estado de derecho ni el más mínimo rigor legal o jurídico.
Entre los 37 opositores arrestados figuran líderes políticos, ex guerrilleros, periodistas, empresarios, profesionales y nada más y nada menos que siete aspirantes a la Presidencia en los próximos comicios. Además, hay 155 presos políticos en las mazmorras del régimen (que éste no reconoce)
La pareja Ortega-Murillo ha sido especialmente virulenta contra los obispos y sacerdotes católicos quienes han sido acusados de todo: desde “golpistas” hasta “hipócritas” y “fariseos”, además de estar coludidos con la oposición y con los Estados Unidos.
Al iniciar campaña oficial hacia la reelección, Ortega, acompañado de su esposa (quien también resultaría reelecta en el cargo), señaló que los obispos nicaragüenses “son terroristas y en otros países ya estarían detenidos y juzgados".
En el acto, celebrado en la casa presidencial y sin acceso al público, Ortega dejó en claro su animadversión ante el episcopado toda vez que –según su dicho—los prelados nicaragüenses le dieron un “ultimátum” para que dejara el poder cuando iniciaron las revueltas populares.
Durante su intervención, la vicepresidente Murillo –quien tampoco ha escatimado epítetos y acusaciones en contra del clero —aseguró, en su retórica enrevesada, que los obispos de su país “bendicen a la muerte” y “alborotan maleficios”.
“Vimos a las autoridades religiosas bendiciendo la tragedia, la muerte (…) Son alborotadores de maleficios, maldades y perversiones, apadrinando crímenes, terrorismo y abortismo” junto con organizaciones “de la sociedad civil”, dijo la vicepresidente a reporteros afines al régimen.
Además de toda la estructura de gobierno, la pareja Ortega-Murillo tiene a su merced tanto el Poder Judicial, como el Poder Electoral y la Asamblea Nacional, de tal suerte que nada se mueve sin su expresa voluntad y las órdenes de aprehensión en contra de los opositores, ejecutadas de inmediato.
La reforma del sistema de pensiones ocasionó que en abril de 2018 cientos de ciudadanos nicaragüenses salieron a la calle a protestar, muchos de ellos jóvenes universitarios y personas que nada tenían que ver con la lucha política pero que vieron en estas protestas la posibilidad de recuperar la democracia.
La represión durísima que impuso el gobierno de Ortega enardeció a los manifestantes que, según el presidente sandinista, fueron conducidos por los opositores para hacer actos de terrorismo, auspiciados, también, por los obispos.
Calificado por Ortega como un intento de golpe de Estado, las manifestaciones y la represión gubernamental hasta el momento han dejado 328 muertos de acuerdo con información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; aunque organismos locales hablan de 684 (el Gobierno reconoce "solo" 200).
Las declaraciones de Ortega añaden un peldaño más a la incertidumbre que impera en Nicaragua, un país sumido en una durísima crisis económica, con la pandemia tocando las puertas en su segunda ola y con más de 70.000 exiliados que han tenido que salir huyendo del país.
Pese a las invectivas de lo que queda de la oposición (ya no hay ni siquiera periódicos circulando), de los organismos internacionales y de Estados Unidos y la Unión Europea, Ortega ha dicho que el camino a las elecciones de noviembre “ya está trazado”.
Lo que quiere decir, simple y llanamente, que cualquier intento de levantar la voz o formar una propuesta opositora, será sofocado por la fuerza o por vía del poder judicial, aliado irrestricto del presidente Ortega. Según su pensamiento, la reelección es darle “continuidad a la paz”.
