“Nuestros trabajos ponen de manifiesto la amplitud de las violencias sexuales en nuestra sociedad”, declaró el 5 de octubre Jean-Marc Sauvé, presidente de la Ciase, durante la presentación de su informe. Aunque la Ciase se ha concentrado en los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia desde 1950, ha dado a conocer también, a través de un estudio realizado por el Inserm (el Instituto nacional de investigación en salud y medicina de Francia), las escalofriantes cifras sobre abusos cometidos en la sociedad en general y, en primer lugar, en el ámbito familiar. De hecho, la mitad de los abusos sexuales a menores tuvieron lugar dentro de la familia. En total, 5,5 millones de personas mayores de 18 años en Francia hoy en día experimentaron violencias sexuales en su infancia. Un fenómeno masivo, dado que una persona adulta de cada 10 habría sido víctima de abusos durante su infancia.
En la estela de la Ciase, se ha creado una Comisión independiente sobre el incesto y las violencias sexuales contra menores (Ciivise) con el fin de “permitir a Francia implicarse de manera decidida en la protección de los menores”. “Lo que ha hecho la Iglesia debe hacerlo toda la sociedad”, declara a Aleteia Édouard Durand, copresidente de la Ciivise. “Los análisis hechos por la Ciase preceden y nutren el trabajo de la Ciivise. Lo que ha hecho la Iglesia al crear la Ciase obliga a la sociedad, las instituciones, religiosas o no, privadas o públicas”.
Lanzada el 23 de enero de 2021 y presidida por Édouard Durand, juez de menores, y Nathalie Mathieu, directora general de la asociación Docteurs Bru, la comisión se encarga de recabar los testimonios de víctimas de violencias sexuales en la infancia y de formular recomendaciones de política pública en el horizonte de 2023.
Desde la formulación del llamamiento a testimonios el pasado 21 de septiembre, se han recibido más de 3.000 testimonios de víctimas de incesto. Según la Ciivise, cerca de un tercio de los testimonios vienen de madres en apuros sospechosas de manipular a sus hijos para perjudicar a su (ex)cónyuge acusándole de incesto. Frente a las alertas de estas madres, la Ciivise ha emitido un primer dictamen y formulado tres recomendaciones: la suspensión de la autoridad parental y de los derechos de visita y de alojamiento del padre o madre juzgado por violación o agresión sexual incestuosa contra sus hijos, la suspensión de los procedimientos penales por dejación de la patria potestad contra un padre o madre mientras la investigación esté en curso contra el otro progenitor por violencias sexuales incestuosas, así como el retiro sistemático de la patria potestad en caso de condena.
