«No proponemos soluciones técnicas, que tienen que ser discutidas por la sociedad en su conjunto; nuestro deseo es siempre unir a la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral».
Hasta aquí un pasaje del mensaje de los obispos de Chile tras el estudio de la propuesta constitucional a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia. El documento presentado por los obispos surgió luego de una reflexión realizada entre el 18 y 22 de julio en Padre Hurtado (Santiago) e hizo las veces de respuesta ante la propuesta de nueva Constitución que Chile deberá resolver a través de un plebiscito (apruebo o no apruebo) el próximo 4 de septiembre.
En ese sentido, los obispos recuerdan que la propuesta de nueva Constitución «se inserta en un proceso histórico» donde se destaca el estallido social de 2019 (también con el ataque a diversas iglesias como una de las imágenes protagonistas) y el anhelo de la ciudadanía de una nueva carta magna.
Lo positivo y lo negativo
Además del tono orientador que ofrece la Iglesia tras la nueva propuesta constitucional, texto presentado recientemente en Chile, la reflexión de la Iglesia contiene 35 puntos a través de los cuales, además de hacer una «valoración ético-social», aparecen aspectos como la apreciación en cuanto lo que dice el nuevo texto sobre derechos sociales, medioambiente y reconocimiento de los pueblos originarios.
No obstante, la valoración es negativa con respecto «a las normas que permiten la interrupción del embarazo, las que dejan abierta la posibilidad de la eutanasia, las que desfiguran la comprensión de la familia». También «las que restringen la libertad de los padres sobre la enseñanza de sus hijos, y las que plantean algunas limitaciones en el derecho a la educación y a la libertad religiosa».
El aborto y la eutanasia
«Que el aborto esté consagrado (en la nueva Constitución) es algo muy negativo, ya que se le da un rango constitucional a una situación que no existía, se consagra un tema que hasta hoy es discutido y tiene diversas aristas jurídicas», había expresado en reciente entrevista con Aleteia la abogada Constanza Cornejo, académica y jefa del Departamento de Teoría e Investigación Jurídica de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.
«Esta norma es la disposición de mayor gravedad moral contenida en el proyecto constitucional», expresan los obispos, en línea con la académica, en relación al artículo 61 que introduce el aborto en la nueva Constitución.
«Aun entendiendo que hay, a veces, situaciones complejas en las que se engendra una nueva vida, no hay que olvidar que el embrión es un ser humano al que se le debe reconocer los derechos inalienables de la persona, y “no es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana”», expresan de manera contundente los obispos.
«Además del aborto, es motivo de preocupación la norma constitucional que asegura a toda persona el derecho a una muerte digna (art. 68). Bajo este concepto, se introduce en nuestra cultura la eutanasia, que es una acción u omisión con el fin de causar directamente la muerte, y así eliminar el dolor», consideran los obispos con respecto a otro de los temas que generan preocupación como la eutanasia. Sin embargo, con respecto a esto, también consideran valorable que «el texto constitucional garantice el acceso a los cuidados paliativos a enfermos graves y crónicos (art. 68, 3)».
Familia, educción de los hijos e ideología de género
Otro de los puntos destacados de la reflexión de la Iglesia de Chile sobre el contenido de la nueva Constitución es lo que tiene que ver con la familia y la educación de los hijos, aspectos que también habían sido analizados por Cornejo en Aleteia, quien consideró, por ejemplo, que se está desaprovechando la oportunidad de robustecer a la familia como núcleo fundamental de la sociedad.
«La familia es un valor esencial no solo para la Iglesia, sino para toda la sociedad. Por eso, el Estado debe protegerla y auxiliarla para que pueda asumir sus responsabilidades, pero no debe sustraerla de las tareas que puede desempeñar sola o libremente asociada con otras familias», indican los obispos en el punto 21 de su mensaje, quienes también hacen referencia a «un afán inclusivo que termina por desfigurar la naturaleza de la familia».
«Estamos ante una acepción neutra y desfigurada de familia, que la deja como un modo de organización al mismo nivel que una asociación, perdiendo efectividad finalmente la protección que el Estado debe dar, pues cualquier grupo de personas podría ser considerado una familia», afirman.
Con respecto a la educación de los hijos, los obispos recuerdan que «es una de las responsabilidades esenciales de la familia», además de ser un «derecho y un deber insustituible e inalienable, que no puede ser totalmente delegado o usurpado por otros».
«La propuesta constitucional sostiene el deber del Estado respecto de la educación, pero no es del todo clara en expresar un derecho preferente y directo de los padres de educar a sus hijos», observan los obispos, quienes también expresaron reparos acerca del abordaje de la «afectividad y sexualidad» en la nueva Constitución.
«Preocupa también, en este campo, la fuerte presencia de la ideología de género en el texto, pues da la impresión de que busca imponerse como un pensamiento único en la cultura y el sistema educativo, lo que daña el principio de libertad de enseñanza de los padres respecto de sus hijos», puntualizan los obispos chilenos.
Libertad religiosa y un llamado final
El documento difundido por la Iglesia de Chile también reflexiona sobre otros aspectos de la nueva Constitución como el de la libertad religiosa, derecho fundamental reconocido en el texto, pero también con algunos abordajes que merecen preocupación.
«La propuesta plantea, sin embargo, que el ejercicio de este derecho debe hacerse “de conformidad con la ley, respetando los derechos, deberes y principios que esta Constitución establece” (art. 67,4), lo que en principio parece lógico», dicen los obispos.
Y agregan: «El problema es que el proyecto, entre otros aspectos, sostiene el derecho al aborto, asume una orientación cuestionable de la educación sexual donde los padres participan de una forma muy insuficiente, y promueve una teoría radical de género; todos aspectos incompatibles con la fe cristiana».
«Al quedar sujetos a lo que establece la propuesta de Constitución, se pone en riesgo la libertad religiosa, lo que se agrava si consideramos que la propuesta no da un rango constitucional a la objeción de conciencia. Habría personas o instituciones que, por lo tanto, podrían ser forzadas a asumir prácticas o transmitir valores contradictorios con su fe», señalan los obispos, quienes también ofrecen reparos con respecto al no reconocimiento de algunos elementos esenciales como la «autonomía interna de las confesiones, el reconocimiento de sus propias normas y la capacidad de éstas de celebrar acuerdos que aseguren su plena libertad en la atención de los miembros de las mismas, especialmente en situaciones de vulnerabilidad».
Por último, los obispos prevén que el debate constitucional continuará tras el plebiscito del 4 de septiembre, independientemente de la opción vencedora, por lo cual piden colaboración en pos de la construcción de un proyecto común y llaman a «crecer en diálogo y amistad social, forjando una cultura del encuentro que esté animada por un sueño de fraternidad común».
«También nos parece esencial que cada ciudadano y ciudadana se comprometa personalmente con el bien común y la justicia, y busque ser artífice de paz en los diversos ambientes en que convive con los demás. Porque ningún texto constitucional podrá reemplazar la conversión del corazón humano y de nuestras relaciones, como actitudes fundamentales para edificar un mejor país», afirman los obispos.
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