Tras el rechazo, por parte de monseñor Álvarez, de una propuesta de exilio a cambio de su libertad, la resolución del juicio que lleva a cabo el régimen sandinista encabezado por Daniel Ortega será inexorablemente condenatoria.
Un juicio plagado de irregularidades, llevado a partir de audiencias clandestinas en las que ni siquiera se le permitió al prelado nicaragüense contar con la presencia de un abogado defensor, ya tiene dictada la sentencia: culpable.
Pero ¿culpable de qué? Gloria María Saavedra Corrales, titular del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencia de Managua, lo ha repetido, siguiendo el guión preparado por Ortega: "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad".
Desde luego, no hay pruebas. Desde que fue arraigado en su domicilio (agosto del año pasado) la acusación es la misma. Pero nunca ha habido nada que la corrobore. Es la manera de actuar de una dictadura que se ha cebado en contra de la Iglesia católica y de cualquier forma de oposición que exista en el país centroamericano.
Sobre el juicio (la parodia de juicio) en contra de monseñor Rolando Álvarez, el periódico La Prensa puso en un editorial: "Es una acusación absurda contra un consagrado de la Iglesia católica, una persona de oración, dedicado a predicar la paz, el amor y la reconciliación de los nicaragüenses; y de todas las personas del mundo".
Sentencia: "Ya sabemos lo que va a pasar"
Por su parte, el director en el exilio de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos, Pablo Cuevas, dijo a la agencia informativa Infobae que "nunca en la historia de Nicaragua, ni en la de Centroamérica, que yo sepa, se había juzgado a un obispo en funciones".
Cuevas considera que el juicio contra el obispo de Matagalpa "pasará a la historia no solo por el personaje sentado en el banquillo. Sino por el rosario de irregularidades que el régimen nicaragüense ha ejecutado para condenarlo por delitos que no puede demostrar".
Más adelante, Cuevas subrayó a Infobae que “la suerte de monseñor Álvarez está echada (…) Ya existe una sentencia de condena, solo se están poniendo los detalles. Ya sabemos lo que va a pasar. Las sentencias se elaboran en El Carmen (la residencia de Ortega)”.
Las irregularidades del juicio, según Cuevas, son las siguientes: aislamiento; restricción religiosa, tratos crueles, inhumanos y degradantes, allanamiento ilegal, sustracción de su juez natural, detención ilegal, indefensión y juicio clandestino.
Son irregularidades que en cualquier país medianamente civilizado deberían haber sido suficientes para liberar a monseñor Álvarez. Pero eso no pasa en la Nicaragua de Ortega. Lejos de hacerlo, la jueza Saavedra Corrales lo mandó a juicio. Y el régimen ya lo ha condenado: solamente está acomodando los detalles.
“Va a suceder lo que ya todos sabemos: el abuso de autoridad prevalecerá y será condenado”, terminó diciendo Cuevas. Es decir, una crónica de una sentencia anunciada, misma que podría ser el principio del fin de la dictadura nicaragüense.
