Esta semana fueron condenados hasta con trece años de cárcel quince de los manifestantes del 11J, haciendo un total de 75 años de prisión entre ellos. En todos los casos, el delito ha sido el de "sedición", aunque se ha dictado penas menores a las solicitadas por la Fiscalía.
La sentencia viene dada tiempo después de que en noviembre de 2022 se realizó el juicio de los manifestantes que salieron a pedir libertad y comida a las calles de las principales ciudades de Cuba y que fueron duramente reprimidos por el Gobierno que encabeza Miguel Díaz-Canel.
Esto ha sido horrible
Las manifestaciones –las más grandes que han ocurrido en Cuba desde que se instauró el comunismo— estuvieron pobladas de jóvenes. La prueba de ello es que, según datos revelados por la Fiscalía, hubo 55 detenidos de 16 y 17 años. Entre ellos estaba Jonathan Torres, el único menor condenado (a cuatro años de "libertad limitada").
"Yo creo que no fueron justos ni con él ni con ninguno, puesto que lo que ellos hicieron no es para merecer ni un solo día en prisión. Todas las personas tenemos derecho a manifestar lo que sintamos, lo que creamos correcto", recalcó Orlando Ramírez, el padrastro de Jonathan.
"Va a ser chequeado por un juez de ejecución, por el jefe de Sector, por la Seguridad del Estado y lo más mínimo que haga lo van a encerrar, nuevamente", dijo Ramírez.
Mientras tanto Omar Bravo fue condenado a diez años de cárcel en base a testimonios de un policía que creyó verlo sacar piedras de un bote de basura y creyó oír que gritaba consignas contra el régimen de Díaz-Canel.
"Esto ha sido horrible. Han acabado con la vida de todos estos jóvenes. Este gobierno se ha pasado, ha hecho lo que le ha dado la gana sin apego a las leyes que ellos mismos instituyeron", señaló Yesenia Bravo, quien, además de Omar, tiene otro hermano, Óscar, sentenciado en otra causa, a 13 años por participar en las protestas del 11 de julio.
"Han mentido. Han destruido a la familia completa, de hecho, a mi mamá le han dado dos infartos", indicó Bravo.
¿Libertad para qué?
Según los documentos a los que tuvo acceso Radio y Televisión Martí, los jueces consideraron como hechos probados que los condenados se congregaron en el municipio habanero de Arroyo Naranjo "afectando gravemente la seguridad del Estado Socialista cubano, al haberse integrado todos a una multitud de personas con la intención de cambiar el orden político, social y económico".
Asimismo, los acusaron de tirar piedras y gritar consignas contra el gobernante, Miguel Díaz-Canel y otras “expresiones ofensivas al proceso revolucionario”, reza el documento. Durante el juicio se cambió la acusación de "atentado, desórdenes públicos, desacato e instigación a delinquir" por el delito de "sedición".
La petición de san Juan Pablo II de que Cuba se abriera al mundo con libertad, ha quedado en el viento. Suficiente delito es en la isla salir a la calle y pedir que cambien las cosas, que haya libre expresión y comida.
