La doctrina social, fruto bimilenario de reflexión magisterial y praxis social, es expresión de ese amor de Madre y Maestra que la Iglesia prodiga a sus hijos, velando por su bien común, según la suprema ley del amor con la que el Espíritu Santo la anima y conduce.
La participación social
Uno de los principios de esta doctrina social es la participación. Gracias a ella, los fieles aprendemos a hacernos cargo de la vida cultural, económica, política y social de la comunidad civil a la que pertenecemos, animados por la caridad cristiana, en orden al bien común (Cf. CDSI, n. 189). La expresión más básica de este principio –el de la participación– es la democracia.
A diferencia de las monarquías y los regímenes totalitarios y dictatoriales, el gobierno democrático está a cargo del pueblo, el cual posee la autoridad suprema. Esta soberanía la ejerce directamente o a través de sus representantes:
— Lo hace directamente mediante la democracia participativa; es decir, la que se practica en la vida ordinaria (no solo en los tiempos y jornadas electorales), a través de la gestión de mejoras sociales, sea a título personal, de manera coaligada, o a través de organismos ciudadanos y autónomos.
— Lo hace a través de sus representantes; unos electos por voto popular, otros nombrados mediante diversos mecanismos por los primeros (los electos); pero ambos al servicio del pueblo, en su nombre y a su favor (Cf. CDSI, n. 190).
Esta concepción de participación y democracia que nos instruye la Doctrina Social de la Iglesia nos ayuda a ampliar los horizontes prácticos de la vida cristiana, con la clara vocación y misión de transformar las realidades temporales y sociales que nos competen, según el designio de amor de Dios sobre la historia a nosotros confiada.
El lamentable caso de México
La presente etapa post electoral ofrece tres graves y evidentes atentados a la democracia que llaman a todos los fieles a una participación social más activa, a fin colaborar en la maduración de este preciado bien.
1 La sobrerrepresentación legislativa
Este problema no es nuevo; viene de 1977 y se formuló en sus actuales términos en 2018. Los partidos de oposición, ahora detractores de esta distorsión aritmética, fueron antes sus beneficiarios y, en su momento, no hicieron nada por reformar la Constitución y la ley electoral para evitar esta deformidad en la distribución de curules de diputados y senadores por el principio de representación proporcional.
Considerando la suma de legisladores coaligados electoralmente, el porcentaje de sobrerrepresentación rebasa los veinte puntos. Esto resulta escandaloso, pero igual de grave que en el pasado, cuando se dio esta misma distorsión con cifras menores.
A este respecto, cabe reconocer que el Instituto Nacional Electoral (INE) hizo bien su trabajo al apegarse literalmente a lo establecido en la Constitución y en la ley electoral, ya que no le está permitida una respuesta interpretativa de su marco jurídico.
El verdadero problema de la sobrerrepresentación estuvo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), máximo órgano en materia de justicia electoral, cuya función no solo es resolver controversias en la materia de su competencia, sino ofrecer certeza, confiabilidad y justicia en los resultados finales de los procesos electorales.
A diferencia del Poder Ejecutivo y de los organismos autónomos que están obligados al cumplimiento literal de las leyes, el Judicial va más allá pues su labor es la de impartir justicia atendiendo no solo a la letra, sino al espíritu del Constituyente, el cual evidentemente pretendía una representación proporcional de curules conforme al porcentaje de votación alcanzada por cada fuerza política.
En este caso, ante un articulado Constitucional objetivamente caduco, el TEPJF debió ordenar al Legislativo enmendar esta deficiencia, para luego distribuir las curules de forma justa.
No obstante lo anterior, la confirmación de la Sala Superior del TEPJF respecto al acuerdo emitido por el Consejo General del INE en relación a la distribución de curules por el principio de representación proporcional, consumó la sobrerrepresentación en comento.
2La extinción de organismos ciudadanos autónomos
Como ya vimos, los organismos autónomos son expresión del valor de la democracia participativa directa (aquella que ejercemos los ciudadanos con independencia al Estado y ajena a intereses partidistas) y, además, fueron conquista ciudadana que acotó en su momento el Poder del Ejecutivo, logrando detener o evitar el abuso de este en las materias correspondientes a cada organismo.
Los organismos que el Ejecutivo pretende desaparecer son la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
El Presidente ha señalado que estos organismos son onerosos, elitistas, corruptos e ineficientes. Es de extrañar que no haya emparejado las pruebas y denuncias correspondientes, lo cual lo convertiría en cómplice de aquello que señala.
3 La reforma al Poder Judicial
Si bien es cierto que el Poder Judicial presenta numerosos áreas de oportunidad para mejorar el desempeño de sus funciones, hay muchos ciudadanos e instituciones de la sociedad civil que no encuentran conformidad con la iniciativa de reforma presidencial, ya que representa un nuevo modelo constitutivo y operativo que evidencia grietas por las cuales el Poder Judicial podría quedar sometido al Poder Ejecutivo; lo cual sería, evidentemente, contrario a la Constitución.
Es fundamental asegurar la real división de poderes a fin de evitar la tentación del totalitarismo que, como ya estamos viendo, es un grave riesgo para la democracia.
El Poder Judicial ha ofrecido recientemente importantes aportes en el equilibrio de poderes. De hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha logrado frenar abusos del Ejecutivo, y ha obligado al Legislador a enmendar procesos legislativos. Es conveniente mejorar, eficientar y aligerar su operación, pero sin comprometer su autonomía.
El último párrafo de esta página de nuestra historia está próximo a escribirse. Es deseable y necesario que se haga con la tinta indeleble de la participación democrática según la Doctrina Social de la Iglesia; tarea que compete, eminentemente, a los laicos.
