Manos Unidas denuncia la creciente violencia que sufren los pueblos indígenas de América Latina, la constante presión que soportan sus territorios a consecuencia de actividades extractivas como la industria maderera, el agronegocio, la minería y los grandes proyectos energéticos. El artículo de María José García Crespo recoge casos concretos de mala praxis
Como cristianos deberíamos plantearnos si las empresas en las que trabajamos o en las que invertimos son éticas. Somos cristianos siempre, en la vida corriente, en el ambiente familiar, en nuestro puesto de trabajo y en los negocios. La protección del medioambiente forma parte de la responsabilidad empresarial. El respeto a la vida es la cuestión ecológica más importante.
La encíclica “Laudato Si” nos recuerda un mensaje principal de los relatos de la Creación de que nosotros, las personas, vivimos “en tres relaciones fundamentales estrechamente conectadas: la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra” (LS 66).
San Juan Pablo II afirmaba en su exhortación apostólica Pastores Gregis:
Respetar a los pueblos indígenas y su entorno
La Plataforma por las Empresas Responsables (PER) recuerda la importancia de contar con una ley nacional de debida diligencia que proteja a las personas y al medioambiente de prácticas empresariales irresponsables.
Los derechos humanos y el medioambiente de los pueblos indígenas siguen siendo vulnerados por la actividad de empresas sin conciencia.
Shutterstock | Cris Young
La PER ha denunciado la situación. Parece mentira que, con la conciencia medioambiental existente, ciertas multinacionales, especialmente empresas constructoras, energéticas, extractivas y agroalimentarias, ataquen de forma consciente el ecosistema de los pueblos indígenas.
La mayoría de estas empresas desarrollan su actividad en terceros países cuya legislación desprotege de forma sistemática los derechos humanos y el medioambiente.
La deforestación, el acaparamiento de tierras, los impedimentos de acceso al agua y al territorio, son delitos que algunas empresas cometen y que quedan impunes.
Como suele pasar en estos casos, los beneficios económicos se superponen a los derechos de los más débiles. Las comunidades que conviven en entornos sensibles se ven impotentes para paralizar estas actuaciones inmorales y reclamar daños y perjuicios.
En España, organizaciones de la PER como Alianza por la Solidaridad-ActionAid han investigado casos de vulneración de los derechos de los pueblos indígenas sin penas para las empresas.
Manos Unidas denuncia
Manos Unidas ha querido denunciar la creciente violencia que sufren los pueblos indígenas de América Latina, la constante presión que soportan sus territorios a consecuencia de actividades extractivas como la industria maderera, el agronegocio, la minería y los grandes proyectos energéticos.
Para el desarrollo de este proyecto no se ha contado con el conveniente estudio de impacto ambiental; se ha ejecutado sin consulta previa, libre e informada sobre los bienes naturales y sin cumplir las diligencias pertinentes.
Según informa la organización guatemalteca Madre Selva, "en el año 2015, las comunidades Q’eqchi’ de Santa María Cahabón se dieron cuenta de que había maquinaria de construcción trabajando sobre el río Oxec y otra en el cauce del río Cahabón".
Acudieron a la Municipalidad de Santa María Cahabón, a la Procuraduría de Derechos Humanos PDH, para solicitar información sobre lo que estaba ocurriendo en los dos ríos.
El resultado es el colapso del cauce del río Cahabón, (en el departamento de Alta Verapaz de Guatemala), que ha afectado a una población de 29.000 indígenas Q’eqchí.
NurPhoto via AFP
El Ministerio de Energía y Minas otorgó la concesión gratuita de los Ríos Oxec y Cahabón por 50 años a los proyectos hidroeléctricos.
El plan Renace comenzó a finales de los 90 y se dividió en varias fases; para ir acaparando poco a poco el agua del río sin que "se notara mucho". Vamos, lo que viene a ser burlar la ley.
Primero, una presa chiquita y un embalse con promesas de desarrollo incumplidas. Todo ello en un área rural donde una población empobrecida todavía firma con la huella dactilar y carece de suministro eléctrico.
En España existe legislación para que se protejan estos derechos, pero para aquellos proyectos que se realizan en España.
El bien no es relativo
Las oenegés quieren ir más allá y que este tipo de obligaciones se cumplan en otros países que cuentan con leyes permisivas y gobiernos corruptos o excesivamente permisivos.
Leyes que protejan los derechos humanos y el medioambiente. Es necesario impulsar leyes para proteger a las personas y al planeta. Desde un planteamiento cristiano, el bien es el bien, y punto. El bien no es relativo. El Papa Francisco reflexiona:
Empresas #Irresponsables
Existen numerosos ejemplos de empresas que fingen ser “ecológicas, inclusivas y responsables” en Europa, pero que son negligentes y destructivas en otros continentes.
Así lo demuestra el estudio Casos recientes de abusos de empresas españolas; que evidencia cómo la ausencia de normas claras de responsabilidad empresarial vulnera los derechos de las personas e impacta negativamente en el medioambiente.
Para evitar que esto ocurra, las oenegés reclaman que España apruebe "sin dilación una ley de debida diligencia empresarial; para prevenir los impactos sobre los derechos humanos y el medioambiente, obligando a las empresas a contar con planes de debida diligencia que cubran toda su cadena de valor, transparentes e independientes; y que, en caso de que se produzcan, las personas afectadas puedan acceder a justicia y reparación".
Buena imagen en casa, transgresores fuera
Empresas con buena reputación corporativa en España nos sorprenden con transgresiones en terceros países. ¿Le suenan Mapfre, Ecoener-Hidralia, Agrogeba o Prosegur?
Otros países, como Francia, ya están manos a la obra. Comunidades afectadas en terceros países por la irresponsabilidad empresarial han podido llevar ante la justicia a la empresa energética EDF. Ha violado el consentimiento libre, previo e informado y ha atacado a los defensores en la implementación de su proyecto eólico Gunaa Sicarú en la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo.
También grupos indígenas y oenegés han demandado al Grupo Casino, gigante cadena de supermercados, por la venta de carne asociada a la deforestación en la Amazonía brasileña y colombiana y la vulneración de derechos de esas comunidades.
Contar con una ley nacional es efectivo para exigir responsabilidades a las empresas y garantizar la reparación a las víctimas.
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