Aunque no se logró la recolección del número de firmas indispensables para convocar a un referendo que le permitiera a los colombianos pronunciarse a favor o en contra del aborto, los promotores del Referendo Provida anunciaron que su movimiento no termina. Señalaron que continuarán sus acciones legales y de expresión en las calles para «luchar por la defensa de la vida humana».
La iniciativa, desarrollada en organizaciones familiares, universidades, colegios, parroquias y en las calles de pueblos y ciudades pretendía que a través de un referendo se modificara la Constitución Nacional en tres aspectos fundamentales: la protección del derecho a nacer del ser que está en el vientre materno; la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural y la objeción de conciencia de médicos y trabajadores de la salud a quienes se les podría obligar a practicar abortos.
Según los promotores, la convocatoria a las urnas «buscaba erradicar el aborto en Colombia y lograr que su práctica deje de ser un derecho consagrado mediante la vía judicial y no por decisión soberana de los colombianos en las urnas».
En efecto, la Corte Constitucional, máximo tribunal del país, autorizó la suspensión del embarazo antes de cumplirse el sexto mes sin que eso implicara una conducta de carácter penal que ocasionara una condena de hasta cuatro años de cárcel.
Este tribunal precisó el 22 de febrero de 2022 en su Sentencia C-055 que no se cometería ningún delito en tres situaciones concretas: si la persona embarazada hubiere sido objeto de una violación; si se comprobara malformación del feto, y por último, si había riesgos para la salud de la madre.
Según fuentes del movimiento provida, desde que la Corte Constitucional determinó que el embarazo de una mujer, un hombre trans o una persona no binaria podía interrumpirse antes de la semana 24, el número de abortos ha crecido en Colombia. En su página web la organización señaló que «recientemente se ha realizado una interpretación cada vez más restrictiva del derecho a la vida y la libertad de conciencia».
Según cifras del colectivo Unidos por la Vida, «el flagelo del aborto ha cobrado más de 200 mil vidas en los últimos 17 años».
«No existe el derecho a abortar»
En el acto oficial de entrega de las firmas a la Registraduría Nacional del Estado Civil –organismo estatal encargado de organizar las elecciones y los referendos ciudadanos– la exministra María del Rosario Guerra, del partido Centro Democrático, manifestó que «la vida comienza desde la concepción y por ello no existe el derecho a abortar».
Según la dirigente, que integró en el Senado de la República la ‘bancada de congresistas Provida’, «la reglamentación del aborto existente en Colombia equivale a matar al más indefenso y convierte en tumba el vientre de su madre».
Por su parte el representante a la Cámara, Luis Miguel López Aristizábal, del Partido Conservador, destacó la tarea adelantada por voluntarios y lideres encargados de la recolección de firmas y manifestó en su cuenta de Twitter que esta campaña no termina porque ha demostrado que «Colombia es Provida».
Por esta razón anunció que desde el Congreso de la República se buscará ahora la aprobación de una reforma constitucional que atienda el clamor popular de respetar la vida en todas sus etapas y garantizar la objeción de conciencia de los profesionales de la salud.
Otras alternativas
Ante la imposibilidad de reunir el mínimo de firmas necesarias para convocar el referendo (cinco por ciento del censo electoral), un grupo de representantes a la Cámara y senadores de la República decidió darle mayor impulso a una reforma constitucional para impedir que «mediante el aborto se acabe con las vidas de las personas que están por nacer».
En concreto se proponen reformar los artículos 3, 11 y 18 de la Constitución y que en esencia están relacionados con el fallido Referendo Provida.
Según los congresistas, el Estado debe comprometerse a proteger la vida desde la concepción y que los bebés cuenten con personería jurídica desde que estén en el vientre. Además de garantizar y proteger a las madres, la propuesta reitera la necesidad de garantizar la libertad de conciencia de quienes no estén de acuerdo con practicar abortos.
En su anuncio los parlamentarios dijeron que se trata de un mandato ciudadano en el que se pide terminar «con el más grande genocidio, el aborto, que en Colombia supera, en un solo año, las víctimas fatales de todo el conflicto armado».
Andrea Garzón, de la plataforma Unidos por la Vida, lamentó en su cuenta de Instagram que se no se haya podido conseguir la meta trazada y agradeció a los voluntarios el trabajo emprendido «en memoria de los bebés que ya perdieron la vida por causa de esta injusticia» y por ayudar a proteger a «los colombianos por nacer y amenazados por el aborto».
Según la activista, «esta es una lucha que no termina acá con el referendo, esta es una lucha que sigue hasta lograr el fin del aborto». Una de las primeras acciones, anunció, será la realización el próximo 3 de junio de la 17ª Gran Marcha Nacional la Vida nos une.
La finalidad es que los colombianos se manifiesten en las calles contra el aborto y expresen su convicción por la defensa de la vida humana.
