En un hecho preocupante para la Iglesia en Nicaragua, se ha producido una nueva oleada de detenciones de clérigos. El viernes 2 de agosto fueron detenidos ocho sacerdotes y un diácono, la mayoría de ellos de la diócesis de Matagalpa, según los medios de comunicación locales. Esto se suma a los tres clérigos detenidos a principios de semana, con lo que el total asciende a 12 en un breve periodo de tiempo.
Las identidades de los detenidos han sido confirmadas por sitios web nicaragüenses independientes. La lista incluye a Jairo Pravia, párroco de la Iglesia Inmaculada Concepción; Víctor Godoy, vicario de la misma iglesia; Marlon Velásquez, administrador de la Iglesia Santa Lucía; Antonio López, párroco de Nuestro Señor de Veracruz de Ciudad Darío; el diácono Erwin Aguirre, de la misma iglesia; Raúl Villegas, párroco de Nuestra Señora de Guadalupe de Matiguás; Francisco Tercero, párroco de la iglesia Santa Faustina Kowalska de Solingalpa; y Silvio Romero, párroco de la iglesia San Francisco de Asís de la diócesis de Juigalpa.
Según explica Vatican News, las detenciones comenzaron el 27 de julio con la detención de Frutos Constantino Valle Salmerón, de casi 80 años, administrador "ad omnia" de la diócesis de Estelí. Le siguió, el 1 de agosto, la detención de otros dos sacerdotes.
En un nuevo recrudecimiento de la represión, el 5 de agosto fue detenido el padre Jarvin Tórrez, rector del Seminario Mayor de Filosofía San Luis Gonzaga y párroco de la iglesia Santa María de Guadalupe de Matagalpa. Su detención, junto con la de Lesbia Rayo Balmaceda, colaboradora laica de una parroquia de Sébaco, fue denunciada por activistas y organizaciones de derechos humanos y cubierta por el diario nacional La Prensa.
La escalada de detenciones afecta principalmente al clero de la diócesis de Matagalpa, cuyo obispo, monseñor Rolando Álvarez, fue desterrado el 14 de enero. La Iglesia nicaragüense se ha enfrentado a una creciente presión y hostilidad por parte del gobierno, que culminó en marzo con la petición de Nicaragua de que la Santa Sede cerrara sus oficinas diplomáticas, aunque las relaciones diplomáticas no se rompieron del todo.
A pesar de la gravedad de estos hechos, las autoridades nicaragüenses han guardado silencio, sin proporcionar información oficial sobre las razones o los lugares de las detenciones. Este silencio no hace sino agravar la crisis, dejando a la Iglesia y a sus fieles en un estado de incertidumbre y temor.
A medida que se desarrolla la situación, la comunidad internacional observa de cerca con creciente preocupación la libertad religiosa y los derechos humanos en Nicaragua. La Iglesia sigue siendo una institución central en el país, y estas detenciones representan un importante desafío a su estabilidad e influencia en la región.
