Desde el miércoles 21 de agosto, mil 200 jueces y magistrados entraron en paro parcial de actividades (solo se resolverán las cuestiones urgentes) y se unieron a los trabajadores del Poder Judicial que ya se encontraban protestando para defender los derechos laborales que se verían afectados de aprobarse la reforma al Poder Judicial, presentada por el Presidente López Obrador, en febrero pasado, como parte de las 20 reformas busca realizar a la Constitución Mexicana.
El cambio más importante que propone esta propuesta de reforma es el referente a la elección de jueces y magistrados por voto popular. Mientras el Presidente López Obrador defiende que esto permitirá terminar con los “privilegios y la corrupción”, la Asociación de Magistrados y Jueces del Poder Judicial de la Federación (Jufed) declaró que esta reforma: “Es contraria en grado extremo a los principios que rigen una república democrática”.
Por su parte, el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford señaló que: “Las iniciativas de reforma pondrían en peligro los derechos de las minorías y el Estado de derecho”.
Aleteia responde a cinco preguntas clave para comprender la situación:
1¿Qué hace el poder judicial?
Primero que nada, el poder, en México, se divide en tres: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Este último es el encargado de vigilar las leyes, proteger los Derechos Humanos e impartir justicia.
Está integrado por la Suprema Corte y otros tribunales y resuelve los problemas que se dan cuando se aplican las leyes.
2¿En qué consiste la reforma?
La reforma impulsada por AMLO contempla la elección de jueces y magistrados por voto popular, una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y nuevas reglas procesales.
El aspecto más preocupante para los analistas políticos es el referente a la elección de jueces y magistrados.
Actualmente, estos puestos son nombrados, no electos. Quienes desean ocupar este puesto deben prepararse durante años, acumulando experiencia y estudios; así como presentar exámenes y pruebas que certifiquen su aptitud y especialidad para el puesto. El Presidente postula a tres personas candidatas para cada vacante, y el Senado aprueba a una de ellas.
Con la reforma propuesta, los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) postularían las candidaturas y después se realizaría un sorteo para elegir a los candidatos que aparecerán en las boletas de votación con las que los ciudadanos definirán estos puestos. Con esta medida, personas con mínima experiencia podrían llegar a ocupar estos cargos.
Además, jueces y magistrados estarán sometidos a un año de evaluación de desempeño, realizado por el Tribunal de Disciplina Judicial (también conformado por voto popular). Lo cual significa que, si un grupo político capta este órgano, puede utilizarlo para ejercer presión sobre jueces y magistrados.
3¿Por qué preocupa tanto que la elección de jueces y magistrados se haga mediante el voto popular?
Porque la imparcialidad de los jueces se vería comprometida y se abre la posibilidad de que el grupo político dominante tenga influencia sobre el Poder Judicial.
El Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Escuela de Derecho de Stanford realizó un análisis de estas reformas y concluyó que: “La elección popular de juezas y jueces compromete su independencia e imparcialidad al alinear las decisiones judiciales con la opinión popular en lugar de la ley”.
Por su parte, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) explica, en un análisis reciente, que con esta propuesta de reforma:
“Si un grupo político dominara los poderes ejecutivo y legislativo (como es el caso actual de MORENA), dicho partido tendría un papel preponderante en la integración de los Comités y/o la aprobación de las nuevas candidaturas, lo que podría resultar en un poder judicial más alineado con el partido en el poder, perpetuando, a su vez, el riesgo de influencia política en futuras nominaciones. Por esta razón, el modelo propuesto podría facilitar la captura política del poder judicial”.
Este mismo análisis concluye que la reforma “debilitaría la protección de los derechos humanos y la seguridad, dejando a las personas expuestas a la impunidad y el abuso”.
La jueza Juana Fuentes, Directora Nacional de la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), en la declaratoria de paro de labores, comentó que:
“Esta reforma no solo amenaza la justicia; amenaza la estabilidad misma de nuestra nación (...) La historia nos ha enseñado que cuando el poder se concentra en manos de unos pocos, la justicia se convierte en un instrumento de opresión, y los derechos de los ciudadanos quedan relegados al capricho de quienes ostentan el poder”.
4¿Hay países que funcionen con el sistema propuesto en la reforma?
Sí. De hecho, la propuesta del Presidente alude a los casos de Bolivia y Estados Unidos.
El mismo informe antes citado realizado por la Universidad de Standford reconoce que: “La experiencia de estos dos países confirma que las elecciones judiciales comprometen la independencia y la imparcialidad judicial”.
En Bolivia la preselección de candidatos se ha visto influenciada por consideraciones políticas y no por méritos técnicos. Además, se ha documentado baja transparencia y poca participación ciudadana.
En Estados Unidos, “los partidos interesados en los resultados de los casos decididos por los jueces intentan comprar ventajas en la sala del tribunal influyendo en quién será juez en las urnas”.
5¿Cuándo será votada?
El Presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que, con mayoría en el Congreso, Morena buscará aprobar esta reforma en el próximo periodo de sesiones, que inicia el 1 de septiembre.
